Policía de Perú asegura que jóvenes "captados" en Irán lideran las protestas sociales

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte han achacado, sin presentar pruebas, las masivas manifestaciones antigubernamentales al auspicio del grupo terrorista Sendero Luminoso o de otros exponentes subversivos. Y ahora apuntan hacia Irán.

El coronel Max Anhuamán, el flamante jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), aseveró este jueves a la emisora local Exitosa que el dirigente antiminero Edwar Quiroga Vargas "captó jóvenes y los envió a Irán a estudiar la religión islámica".

"Los jóvenes que han regresado muchos son los que encabezan las protestas sociales en Huancavelica, en algunos sitios", declaró Anhuamán sin brindar mayores detalles. "Están constantemente en las protestas que tenemos", agregó.

Durante la entrevista, el conductor Nicolás Lucar afirmó que "hay antecedentes de grupos islámicos radicales en Perú", a lo que Anhuamán respondió que "es cierto" e indicó que "el caldo de cultivo son las falencias económicas, la desinformación de lo que fue Sendero Luminoso".

"A nuestra juventud desinformada le dan un chocolate con veneno: ¿quién no quiere la paz social? ¿Quién no quiere que todos seamos iguales? Pero lamentablemente ahí los empiezan a formar, los empiezan a llevar por el camino equivocado", aseguró Anhuamán.

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Reacción

En redes sociales ya se han generado comentarios irónicos entre algunos internautas que opinaron que "ahora Hamás, ISIS y los talibanes reemplazan a Sendero Luminoso".

Solo la publicación del video de Exitosa en X tiene más de 100 respuestas, en su mayoría de indignación. "Esto ya es enfermizo. Insultan nuestra inteligencia todos los días", escribió un usuario.

Otro aseguró que la PNP está "terruqueando" a toda persona que haga un reclamo a través de una protesta. El término "terruqueo" se remonta a la época de Alberto Fujimori (1990-2000), cuando se utilizaba esa palabra de manera despectiva hacia los simpatizantes de izquierda, a los que se relacionaba con los movimientos armados.

Sobre esto ya se expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo pasado, cuando presentó un informe sobre Perú tras las movilizaciones contra Boluarte, al exponer el deber del Estado de "no criminalizar a los líderes y participantes de manifestaciones y protestas".

"En el contexto peruano y tomando en consideración las denuncias de estigmatización a partir del uso del término 'terruqueo', la CIDH ve con particular preocupación la utilización de tipos penales sobre terrorismo", resaltó.

Sobre la represión

Las movilizaciones registradas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 arrojaron 67 muertes, de las cuales 49 se dieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden. "Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", apuntó la CIDH.

Sin embargo, el líder de la Dircote, unidad élite de la PNP, aseguró que la institución policial "siempre actúa dentro de los derechos humanos".

"Necesitamos urgentemente un cambio de leyes cuando hay ese tipo de protestas, porque las acciones que hacen, si bien esa juventud no es terrorista, las acciones son terroristas", subrayó.

Sobre esto, la CIDH también puntualizó que "las políticas contra el terrorismo o crimen organizado no deben legislarse de modo tal que restrinjan los derechos humanos y generen un efecto inhibitorio generalizado para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión y derechos políticos".

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