Carlos Torres Rodríguez, uno de los abogados de los familiares de los fallecidos y heridos en protestas en la región peruana de Puno, denunció este viernes que la Fiscalía de la Nación demora el proceso investigativo de este caso.
"La Fiscalía hasta ahorita no ha recabado el plan operativo que llevó adelante tanto la Policía como el Ejército en la ciudad de Juliaca", contó Torres a la emisora local Exitosa.
En enero pasado, unas 18 personas murieron en las protestas en Juliaca y, de acuerdo a la organización Human Rights Watch (HRW), hasta 15 perdieron la vida por heridas causadas por disparos.
"En al menos ocho de estos casos, las evidencias sugieren que las fuerzas de seguridad dispararon directamente a los órganos vitales de las víctimas, como la cabeza y los pulmones. Otras tres víctimas murieron por perdigones disparados por las escopetas utilizadas por la policía", añadió.
El Ministerio Público abrió indagación sobre la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte, "pero en Juliaca y a nivel nacional hay serias dudas sobre cómo las mismas se están llevando a cabo", avisó HRW desde mayo pasado.
"No siguen debido proceso"
Este viernes el letrado reveló que recientemente nombraron una cuarta fiscal para abordar lo sucedido en Puno y optan por hacer convocatorias hacia la capital, a nueve meses de la manifestación antigubernamental.
"No entiendo por qué llevan el proceso a Lima, cuando acá en Juliaca la propia fiscal de la Nación [Patricia Benavides] ha creado la Fiscalía de Derechos Humanos para investigar los casos que han pasado en Puno", fustigó.
Torres opinó que "no se está siguiendo el debido proceso" e indicó que "esta es la forma de dilación que ellos están haciendo, la estrategia que están usando para generar dilación en todo este proceso".
En ese sentido, resaltó que las diligencias del Ministerio Público debieron realizarse a la semana o al mes de lo ocurrido. "Toda la escena del crimen ya está contaminada", criticó.
La semana pasada, el equipo especial de fiscales realiza el operativo de verificación de los lugares donde fallecieron 18 personas.
"Ni siquiera ha participado un abogado de oficio del Ministerio de Justicia para representar a los investigados", agregó Torres.
Proceso central
En Lima la mandataria ha acudido dos veces a la sede del Ministerio Público y solo ha respondido las preguntas de los fiscales, que según abogados de los deudos han sido "complacientes".
Hasta ahora Boluarte ha optado por guardar silencio ante las decenas de interrogantes de la Procuraduría General del Estado. Su defensa ya solicitó archivar la denuncia en su contra.
Boluarte, así como algunos de sus ministros, está imputada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
A nivel nacional se registraron 67 muertes en el marco de las manifestaciones antigubernamentales, de las cuales 49 se dieron durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pública.