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Imputan a exjefa de la inteligencia española por el espionaje con Pegasus
El juez ha ordenado una serie de diligencias, entre las que se encuentra la solicitud de las autorizaciones judiciales que habrían consentido el seguimiento.
El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella interpuesta por el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, a propósito del espionaje del que fue víctima con el programa Pegasus, lo que implica la imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, Paz Esteban, según apuntan medios nacionales.
Aragonés sostiene que los hechos denunciados suponen los delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales.
La querella, presentada en junio de 2022, se dirige contra la exdirectora del CNI y contra NSO, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. El magistrado ha establecido que Esteban comparezca como investigada el próximo 13 de diciembre, el mismo día que lo hará Aragonés en calidad de perjudicado.
Un escándalo y una destitución
Esteban fue la pieza que se cobró el escándalo de espionaje desatado el año pasado en España. El Gobierno la destituyó al frente de la institución de inteligencia en mayo de 2022, tras la explosión de la polémica.
Según un informe publicado en abril de 2021 por el colectivo Citizen Lab, experto internacional en el software Pegasus, decenas de personas vinculadas al movimiento independentista catalán fueron espiadas desde 2014 a través de ese programa informático, que habría infectado sus dispositivos móviles.
Entre los afectados se encontraba el propio Aragonés, entonces vicepresidente del Gobierno regional, así como diputados de su formación política, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), líderes civiles, abogados y familiares y allegados de algunos de ellos.
El escándalo entonces llegó a alcanzar al propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a algunos de sus ministros, que también habrían sido espiados a través del software israelí, aunque en ese caso los responsables no se encontrarían en el marco de la inteligencia española.
En el caso de Aragonés, su teléfono móvil habría sido infectado a través de SMS enviados los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, según avala el informe pericial que consta en la instrucción del caso.
Batería de diligencias
El juez ha acordado una serie de diligencias, entre las que se encuentra solicitar al magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del CNI que certifique si se autorizó el uso del software de espionaje u otro sistema análogo para intervenir las comunicaciones de Aragonés, y que remitan las resoluciones judiciales que lo autorizaron, en caso afirmativo.
Asimismo, reclama al CNI la información relativa a la compra y posible uso de Pegasus, así como un listado de las personas concretas con las que se usó. También solicita al organismo y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno que informen sobre si el CNI o cualquier otro organismo gubernamental español adquirió o utilizó el software de espionaje.
El juez también se ha dirigido al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para pedirles información sobre si el CNI compró productos o licencias o realizó pagos por servicios a NSO Group, desde 2014 hasta la actualidad.
Además, se ha emitido una Orden Europea de Investigación para que OSY Technologies, matriz de NSO con sede en Luxemburgo, informe sobre si ha comercializado Pegasus con organismos gubernamentales del Estado español.
Más causas judiciales abiertas
La querella de Aragonés no es la única que se está instruyendo en los juzgados españoles. Así, otros tribunales de Barcelona, donde se concentran el grueso de los afectados, han admitido causas por el espionaje con el programa israelí.
Una de ellas es la que indaga sobre el uso de Pegasus para infectar los dispositivos electrónicos de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba.
En este otro caso, la jueza envió un suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasifique los documentos oficiales secretos vinculados a la compra o uso de Pegasus.
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