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Corte de Constitucionalidad de Guatemala resuelve que la fiscal general no puede ser destituida

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La decisión se sumaría al polémico fallo que ordenó en la víspera para detener las protestas y a los manifestantes.
Corte de Constitucionalidad de Guatemala resuelve que la fiscal general no puede ser destituida

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió que la fiscal general, Consuelo Porras, no podría ser destituida de su cargo, ni siquiera por decreto del presidente de la República.

El medio local Guatevisión informó que la (CC) habría confirmado esa fallo, en el que se tomó como antecedente legal previo, una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) aprobada en 2016 por el parlamento, que le quitó la potestad al jefe de Estado de remover a la titular de la Fiscalía de forma directa e inmediata.

Según este medio, la persona que ocupe el cargo de presidente solo puede destituir al fiscal general, si la Justicia guatemalteca dicta una condena firme contra quien ostente ese alto cargo que en la actualidad es epicentro de la polémica y la crisis política, debido a que sectores de la población que protestan en las calles exigen la salida de la fiscal Porras porque consideran que estaría promoviendo un golpe de Estado para impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el Poder Ejecutivo tras su triunfo electoral.

El medio local Prensa Libre añade que la reforma de 2016 sería el motivo que le impide al actual presidente saliente, Alejandro Giammattei, atender las demandas de los manifestantes para destituir a Porras y poner fin al descontento generalizado y la incertidumbre con respecto a la institucionalidad democrática en el país centroamericano.

Sin embargo, este medio detalla que aún existen vías para resolver el enredo político generado por la fiscal Porras.

Una de las formas para que Giammattei pueda destituir a Porras, sería volver a reformar la Ley Orgánica del MP para que el mandatario pueda nuevamente tener la potestad de cambiar a quien esté a cargo de la Fiscalía; y otra salida sería anular la reforma de 2016 a través de una demanda de inconstitucionalidad.

Protestas y denuncias sociales

Las manifestaciones que se han extendido en Guatemala durante 18 días exigen la renuncia de Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, por tratar de revertir el proceso electoral que ganó el presidente electo, Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla. 

La decisión de la CC, aunque no ha sido oficializada por ese organismo en sus fuentes oficiales, se sumaría al polémico fallo del miércoles que ordenó a las autoridades detener las protestas, liberar las sedes de la Fiscalía tomadas por los manifestantes y detener a las personas que se mantienen reclamando en las calles que se respete el resultado electoral.

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