El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este miércoles a los cuestionamientos que avanzara en su contra el fiscal general, Francisco Barbosa, relativos al ofrecimiento de recompensas a ciudadanos que denuncien la compra de votos en el contexto de las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo domingo.
Como respuesta a lo publicado por un medio local, el mandatario apuntó en su cuenta de X que se mantendrán los pagos a quienes ayuden a las autoridades "a ubicar dineros para la compra de votos" y a localizar a "personas dedicadas a ese delito".
Del mismo modo, aseguró que "todo el sistema de pagos por información" –una figura prevista en las leyes colombianas– priorizará "las denuncias de compra de votos hasta el domingo", porque se trata de "un delito" al que calificó como "la base de la corrupción en Colombia".
El pasado 19 de octubre, Petro anunció en un acto público que recibiría información detallada "para saber en qué medida la Policía ha sido capaz de cuidar la transparencia de la democracia", en alusión al referido delito. Más adelante, este lunes, comunicó que había autorizado el pago de recompensas a quienes proporcionen "informaciones efectivas sobre compra de votos en todo el territorio nacional".
La víspera, en un comentario ante una denuncia ciudadana formulada en X, instó a la Fiscalía a investigar los hechos. Asimismo, ofreció entre uno y cinco millones de pesos –de 237 a 1.185 dólares– "a quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos", al tiempo que instruyó a la ciudadanía a documentar las irregularidades y advirtió que los jefes seccionales de la Policía serán evaluados conforme al balance de capturas de responsables de delitos electorales que presenten, una vez concluido el proceso.
¿Qué dijo Barbosa?
Por su lado, el fiscal Barbosa criticó a Petro por, según dijo, actuar inconsultamente, crear "tipos penales a través de Twitter (ahora X)" y arrogarse competencias que no están bajo el mandato de su despacho. "¿Cuál es la entidad que investiga en Colombia? La Fiscalía General de la Nación, que inicia unos procesos sobre unos temas electorales", replicó.
Bajo su punto de vista, si el Ejecutivo establece mecanismos de pago a informantes de presuntos delitos, se está partiendo del principio de que lo denunciado ya fue corroborado, lo que supondría una suplantación "de la rama judicial del poder público".
"Le recuerdo que la denuncia es un deber ciudadano. Si entramos en este escenario, entonces el día de mañana vamos a llegar a ofrecer plata [dinero] para que denuncien por violencia intrafamiliar, secuestros, etcétera", afirmó.
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