La campaña electoral que el expresidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, perdió en 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva sigue saliéndole cara.
La justicia electoral, que en junio le condenó a ocho años de inhabilitación política por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación estatales, le juzga por tercera vez por otras presuntas irregularidades similares que podrían derivar también en una pena del mismo calibre.
Durante la sesión del jueves, dos de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) votaron a favor de una nueva condena contra el polémico exmandatario, mientras que uno se posicionó en contra.
Propaganda en un acto oficial
Esta vez, se trata de tres denuncias interpuestas por el centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) y la excandidata presidencial Soraya Thronicke por haber abusado de su posición en los actos del Día de la Independencia, el 7 de septiembre, menos de un mes antes de la primera vuelta electoral del año pasado.
Según ellos, el exmandatario habría usado las conmemoraciones oficiales, con recursos públicos y funcionarios, para promocionar su candidatura a la reelección a través de discursos, fotos con los electores e incluso divulgación de propaganda electoral.
El juicio empezó el martes, con la exposición del juez relator, Benedito Gonçalves, y las intervenciones de la Fiscalía electoral y los representantes de la defensa y de la acusación.
"Una mezcla entre actos oficiales y electorales"
Y prosiguió este jueves, con el voto de tres magistrados, dos de los cuales votaron en contra de Bolsonaro: el propio Gonçalves, porque consideró que hubo una "indebida mezcla entre actos oficiales y electorales, en Brasilia y Río de Janeiro" y Floriano Marques.
Gonçalves pidió además una multa de 425.600 reales (unos 85.000 dólares). Raúl Araújo rechazó condenar al mandatario.
Los cuatro jueces restantes votarán el próximo martes.
Si es condenado, Bolsonaro podría quedar inelegible por ocho años, hasta 2030, por segunda vez. Y como en esa ocasión, podría recurrir.
La semana pasada, ese mismo tribunal archivó otras tres denuncias relacionadas con los comicios de 2022. En ese caso, eran por haber usado la sede de la presidencia y la residencia oficial para hacer campaña y pedir el voto, a través de conexiones en directo o con la celebración de actos con políticos y artistas.
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