Abogado de víctimas en protestas denuncia que Fiscalía podría archivar delitos contra Boluarte

Los abogados de las familias de las víctimas de las protestas antigubernamentales que sacudieron Perú de diciembre de 2022 a febrero de 2023 han alertado de las irregularidades en la investigación fiscal. Y, ahora, se expuso un supuesto plan que terminaría con su archivamiento.

Juan José Quispe, uno de los letrados que defiende a los deudos, se expresó este jueves luego de que el Ministerio Público ampliara por ocho meses más el plazo de indagación contra la presidenta, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Entrevistado en el programa 'No hay derecho', que transmite el local Ideeleradio, indicó que "sin tener en cuenta genocidio, estos delitos no han sido considerados en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos".

Es decir, los fiscales los tratan como delitos comunes, como si fuesen hurto o robo, por ejemplo. Sin embargo, las movilizaciones dejaron 67 muertes, de las cuales 49 se produjeron durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad públicas.

"La Fiscalía no está considerando las características especiales de este caso, la sistematicidad, por la forma en que se ejecutó, por agentes del Estado, por armas de fuego", explicó Quispe.

Quispe, integrante del Instituto de Defensa Legal, aclaró que "al no considerarlo como graves violaciones de derechos humanos con el transcurso del tiempo, si se archiva, podría prescribir en determinado momento y eso sería una burla para las familias de las víctimas".

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La "gran posibilidad"

Especialistas en Perú han manifestado en varias ocasiones que la imputación por genocidio contra Boluarte no tiene asidero legal. Y el abogado de las víctimas coincidió con el diagnóstico.

"Consideramos que no se cumplen los elementos", expresó el letrado, quien precisó que la Fiscalía en Ayacucho archivó el delito de genocidio.

No obstante, la Fiscalía de la Nación "extrañamente lo mantiene", señaló Quispe, quien adelantó que detrás de esta maniobra podría estar el objetivo de archivamiento, pasados los ocho meses, del delito de genocidio junto a los otros.

"Esa es una gran posibilidad", declaró.

Severas acusaciones

En la entrevista, Quispe también aseveró que "se han perdido pruebas que son vitales" en la indagación contra Boluarte, que también incluye al titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros funcionarios.

Además, criticó que la investigación fiscal avance "bastante lento, a paso de tortuga".

Una postura esbozada hace poco por otro de los abogados de los familiares, Carlos Torres Rodríguez, en una emisora local. "Esta es la forma de dilación que ellos están haciendo, la estrategia que están usando para generar dilación en todo este proceso", dijo.