Dictan 50 años de cárcel para 11 policías mexicanos por la masacre de migrantes de Camargo
La Justicia mexicana impuso la pena máxima de 50 años de cárcel para 11 de los 12 policías involucrados en la llamada 'Masacre de Camargo', crimen en el que fueron asesinadas 17 personas migrantes centroamericanas y dos mexicanos en enero de 2021.
La condena fue dada a conocer por la organización no gubernamental Fundación para la Justicia (FPJ) a través de un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales, donde detallan que el policía número 12 de los sentenciados, recibió una pena de 19 años de prisión por haber colaborado en el esclarecimiento de los hechos.
Sobre el crimen, la FPJ recordó que la masacre de Camargo se produjo por uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de esa misma entidad, quienes persiguieron a sus víctimas que se trasladaban en carros para detenerlos, torturarlos y asesinarlos, "algunos con tiro de gracia".
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— Fundación para la Justicia (@FJEDD) October 25, 2023
Luego de esto, los policías prendieron fuego a las víctimas, manipularon la escena del crimen y desaparecieron parte de la evidencia, para "simular un evento distinto y evadir su responsabilidad", añade la Fundación.
A mediados de septiembre pasado, un juez de la Primera Región Judicial de Tamaulipas condenó a los agentes por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en informes y delitos en el desempeño de funciones administrativas. Este mismo magistrado fue quien dio a conocer esta semana los años de cárcel que pagarán los victimarios.
"Las personas asesinadas eran personas que tenían sueños de superación, de ayudar económicamente a sus familias y con el sólo hecho de pisar tierra mexicana adquieren todos los derechos como cualquier ciudadano. No por su estatus migratorio puede justificarse que sean asesinados", dijo el juez del caso, Patricio Lugo, al informar la pena, según cita la FPJ en su comunicado.
"Un fallo justo"
En el comunicado de la FPJ, los familiares de las víctimas de la masacre de origen guatemalteco, que fueron acompañadas por la Fundación en el proceso legal, reconocieron como "un fallo justo" la decisión del juez.
Sin embargo, para ellos la sentencia no alivia su dolor ni las condiciones que ahora enfrentan tras la pérdida, pues muchos de ellos viven en condiciones de pobreza y contaban con el apoyo económico que les suministraban sus familiares.
"La sentencia tampoco ha podido resolver su pregunta constante: ¿por qué los mataron?", dice parte del comunicado, en el que se recuerda que aún falta hacer justicia en otras masacres de migrantes y casos de violaciones graves a los derechos humanos como:
- Masacre de 72 personas migrantes (2010).
- Masacre de fosas clandestinas, con 196 víctimas (2011).
- Masacre de Cadereyta, con 49 víctimas (2012)
- Masacre de Güémez con 16 víctimas (2014).
"En total: 333 víctimas, en su mayoría de origen migrante, cuyas familias reclaman verdad, justicia y reparación integral del daño por más de una década", denuncia la FPJ, que considera que la impunidad en esos casos, "constituyó la antesala de la masacre de Camargo, pues cuando la impunidad
prevalece, el mensaje que se manda es de permiso para matar".
¿Qué pasó en Camargo?
La histórica sentencia se produjo casi tres años después del crimen y tras tres meses y medio de juicio por la masacre que conmocionó a la opinión pública, luego que el 22 de enero de 2021 se encontraron los 19 cuerpos calcinados de las víctimas dentro de un vehículo abandonado en una carretera en Santa Anita, en el municipio tamaulipeco de Camargo, a poco menos de 70 kilómetros de la frontera estadounidense.
Después se conoció que se trataba de 17 migrantes —16 guatemaltecos y uno de El Salvador— y dos ciudadanos mexicanos. Antes del ataque una de las víctimas consiguió llamar a sus familiares y les contó que eran perseguidos y disparados por policías.
Otras pruebas consideradas por el juez fueron la declaración de cuatro testigos, 8 casquillos de bala encontrados en la zona, la geolocalización de uno de los vehículos policiales y de los celulares de cada uno de los imputados y el hecho de que las armas de esos agentes habían sido disparadas el día de la masacre.
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