Panameños toman las calles en protesta por quinto día seguido contra el contrato minero

La ola de protestas que se ha desencadenado en Panamá durante la última semana para exigir la derogación del contrato minero firmado recientemente entre el Gobierno y una empresa canadiense, continúa este viernes, por quinto día consecutivo, con cierres de calles y marchas en distintas ciudades del país centroamericano.

De acuerdo con el reporte de medios locales, las masivas manifestaciones que el jueves se extendieron hasta altas horas de la noche, se reactivaron este viernes a primeras horas de la mañana, cuando organizaciones sindicales de distintos gremios y ciudadanos comenzaron a tomar numerosas vías públicas.

Los grupos de manifestantes, que denuncian que el contrato minero "vende la patria" y atenta contra los intereses soberanos del país, se han esforzado en cerrar distintas arterias viales del país, desde aproximadamente las 6:00 de la mañana, para interrumpir el tráfico vehicular, por lo que gran parte de las actividades cotidianas se mantienen paralizadas.

A medida que han pasado las horas, las principales avenidas han sido tomadas por las personas que participan en las protestas, que por quinto día consecutivo exigen al Ejecutivo que rescinda el contrato que permite explotar la mina de cobre más grande de Centroamérica, lo que prevé un consorcio entre el Estado y Minera Panamá, una compañía filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).

La tensa situación que se vive en el país a raíz de las protestas, ha generado fuertes enfrentamientos entre grupos de manifestantes y efectivos de la Policía Nacional de Panamá, que confirmó en sus redes sociales que los cierres de calles y manifestaciones se registran "a nivel nacional", por lo que hizo un "llamado a la calma" y afirmó que sus unidades están para "garantizar la seguridad" y "el libre tránsito".

En algunas zonas urbanas, donde mantienen cerradas las vías, los manifestantes han conformado grupos de choque contra los uniformados. La Policía informó que esas acciones se han producido en las provincias de Panamá Oeste, Colón y Panamá Centro.

La crisis se acentúa

A medida que pasan los días, otros sectores de la sociedad se han sumado a las protestas y han convocado a un paro general para exigir que el contrato sea derogado.

La Cámara de Construcción emitió un comunicado para pedir que se respeten las protestas de carácter pacífico y llamar al Gobierno Nacional a asumir el liderazgo para conseguir una solución concertada y así poner fin a la creciente crisis.

El jueves se sumó parte del sector salud, a través de los integrantes de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) y la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás, según reporta el diario La Prensa de Panamá.

Los gremios médicos dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para derogar el contrato minero, o de lo contrario harán un paro general que implicará suspender las consultas externas y las cirugías electivas.

De momento, los profesionales de la salud mantienen activos los servicios de urgencias, cuidados intensivos y atención a pacientes hospitalizados, que también se han visto afectados por el cierre de vías que impiden el paso de trabajadores, ambulancias, insumos médicos y alimentos para los centros de salud.

De igual forma, el sector educativo se ha visto afectado por la suspensión de clases en todos los niveles del sector público, debido a que el gremio magisterial también se sumó a las manifestaciones. Por su parte, las instituciones privadas tuvieron que adoptar medidas flexibles para coordinar la continuidad de las clases.

Este jueves se observó la mayor cantidad de manifestantes en las calles de Panamá. De hecho, un grupo importante de ellos decidió llevar su protesta hasta una finca del presidente panameño, Laurentino Cortizo.

Allí los manifestantes gritaron consignas en contra del Gobierno y el polémico contrato minero. Sin embargo, no pudieron llegar hasta la propiedad del mandatario, debido a que los uniformados del Servicio Nacional Aeronaval les impidieron el paso.

Parte policial

Entretanto, las autoridades policiales reportan que durante las protestas se han visto perjudicadas varias zonas comerciales y tiendas, que han sido saqueadas y vandalizadas por algunos de quienes participan en las movilizaciones.

El comisionado de la Policía, Elmer Caballero, informó este viernes a la prensa local que en los primeros cinco días de manifestaciones han detenido a 445 personas, 381 mayores de edad y 64 menores.

"Muchos de estos ciudadanos están vinculados a grupos criminales", afirmó, y detalló que durante estos días de protestas se han visto afectados 47 locales comerciales, fueron vandalizados 20 vehículos y 27 agentes resultaron lesionados, algunos de ellos por armas de fuego.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá denunció que grupos de encapuchados inmersos en las protestas utilizan a menores de edad para cometer acciones violentas en las calles. La institución detalló que unidades de la Policía están tras la captura de estos sujetos.

¿Contrato inconstitucional?

De momento, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió admitir la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el pasado lunes el abogado Juan Ramón Sevillano Villegas contra el primero de los artículos de la polémica ley del contrato minero, que tendría algunas cláusulas que vulnerarían la constitucionalidad y la soberanía del país.

Según se precisa en un comunicado difundido el jueves por el órgano judicial, en 10 días hábiles se emitirá un dictamen. Entre tanto, las protestas exigen un pronunciamiento inmediato, alegando que está en riesgo el ecosistema del bosque de Donoso, en la provincia de Colón, donde se ejecutará el proyecto minero.

Tras la resolución judicial, las partes dispondrán de otros 10 días para presentar sus argumentos "por escrito, a través de abogado", y solo después se redactará un proyecto de decisión que será sometido a la consideración del pleno del Supremo.

Lo que generó mayor indignación y atizó el brote de manifestaciones fue la rapidez con la que el Congreso aprobó la polémica ley, que además prohíbe al Estado hacer sobrevuelos en el área de concesión, algo que vulnera la soberanía del país.

Tras la ratificación del parlamento, que le dio su visto bueno al contrato entre el Estado y la filial de la minera canadiense, el presidente Cortizo lo firmó y puso en vigencia el mismo día, lo que terminó por desatar las protestas.

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El mencionado contrato, además, es la extensión de un acuerdo firmado entre el Estado y la empresa canadiense en 1991, que tiene antecedentes de inconstitucionalidad.

En 2017, la CSJ declaró inconstitucional ese primer contrato minero, en respuesta a una demanda del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), presentada en 2009. Luego, en 2021, la Corte ratificó el fallo tras rechazar seis recursos contra su sentencia.

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