El presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la creación de "un banco de ADN de desaparecidos y desaparecidas que facilitará las búsquedas y la identificación genética" de las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Sánchez explicó que "se está trabajando para la exhumación de 133 cuerpos de víctimas" en las fosas comunes y que con el nuevo sistema adquirido por el Ministerio de Justicia los trabajos de identificación mejorarán.
"Que nadie se atreva a decir que no merece la pena seguir escarbando en la tierra para rescatar la memoria olvidada", destacó.
Y en un mensaje dirigido a los críticos, Sánchez aseveró que "es de suma ignorancia decir que la ley de memoria es sectaria o revanchista. No lo es en ningún país del mundo, tampoco en España".
"La ley se va a cumplir"
Sánchez afirmó que "la ley se va a cumplir".
"Vamos a dedicar más esfuerzos a la divulgación de nuestra historia y la actualización del relato histórico en los libros de texto, para que los jóvenes conozcan el pasado de su país", resaltó.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, recordó que se ha cumplido un año de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
La aprobación de esta normativa, en octubre de 2022, fue vista como una gran paso adelante por las víctimas del franquismo, ya que entre otras cosas, permite analizar las denuncias de "violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario", que se perpetraron durante la Guerra Civil y la dictadura, y que la Ley de Amnistía de 1977 impedía perseguir.
Memoria histórica
España es un país con un gran déficit de memoria histórica. Se estima que en el país hay alrededor de 115.000 desaparecidos, aunque las instituciones estatales nunca han ofrecido un registro al respecto.
Las cifras oficiales del Ministerio de Justicia registran más de 4.200 fosas comunes repartidas por todo el territorio. Sin embargo, se trata de una relación incompleta, puesto que bebe de los datos remitidos por las distintas administraciones públicas competentes y no todas las Comunidades Autónomas participan.
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