La designación de Teresa Reyes Sahagún al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas desaparecidas en México generó el rechazo de la mayoría de los colectivos vinculados con la tragedia humanitaria que afecta a un país en el que más de 110.000 familias buscan a un ser querido.
Desde que la funcionaria fue designada el pasado 23 de octubre en sustitución de la excomisionada Karla Quintana, diversas organizaciones impugnaron la falta de transparencia del proceso que se da, además, en medio de la desconfianza que ha generado el Gobierno con su programa para actualizar el padrón de personas desaparecidas.
Esta semana fue el turno del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y de los representantes de los estados de Morelos, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, quienes impugnaron con duros términos el mecanismo con el cual fue nombrada la nueva funcionaria.
"(Fue) un proceso simulado e inacabado de 'consulta pública' que estuvo marcado por la notable ausencia de participación y transparencia (…) manifestamos nuestra inconformidad y preocupación frente a esta designación", señalaron en una carta que refleja la inquietud generalizada que hay en los colectivos de derechos humanos vinculados con la desaparición forzada y masiva de personas.
También denunciaron que no se cumplieron los criterios que establece la ley para elegir a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
"La designación se llevó a cabo mediante un proceso simulado donde sólo se permitió a las familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos postular candidaturas sin transparentar los resultados de estas, ni generar un cuadro comparativo de experiencias y capacidades, así como los criterios de selección", agregaron.
Inaceptable
Además, recordaron que en el proceso de selección no se convocó a una consulta pública y se excluyó la participación de los sectores ciudadanos involucrados en este tema.
"Esto representa un significativo retroceso en cuanto a transparencia, al no respetar la ley y omitir la realización de entrevistas públicas a los candidatos, en las cuales podrían presentar sus planes de trabajo permitiendo que estos fueran conocidos por las familias de las víctimas, los colectivos, las personas expertas y la sociedad civil", afirmaron.
Los consejeros calificaron como "inconcebible" que se haya elegido a una funcionaria que tiene un perfil político, no técnico, sin experiencia y un nulo conocimiento y dominio del bloque normativo nacional e internacional sobre desaparición, investigación y búsqueda de personas desaparecidas y materia forense.
"Esta imposición es un acto de desprecio y discriminación hacia los usuarios de la Comisión Nacional de Búsqueda y las 32 comisiones locales de búsqueda que no contribuye a fortalecer la confianza de las familias de las víctimas de desaparición, colectivos, expertos. Es a todas luces ilegítima y resta legitimidad a un organismo central en el contexto de la trágica situación de desaparición de personas que afronta el país", aseguraron.
Otra secuela, añadieron, es que "exacerba la desconfianza en torno a la seriedad con la que el Gobierno cumple con sus responsabilidades y sus compromisos con las víctimas".
En resumen, consideraron "inaceptable" que se haya realizado un nombramiento a modo, especialmente cuando está en juego la vida y dignidad de miles de personas desaparecidas que están en algún lugar esperando que se garantice su derecho humano a ser buscadas con eficiencia.
Por ello, exigieron la revocación de Reyes Sahagún, la reposición del proceso de selección del titular del organismo, así como la apertura de un diálogo con el Gobierno y la publicación de los criterios de selección.