Este jueves se registraron enfrentamientos entre productores de la población Tierras Altas, en la provincia panameña de Chiriquí, y manifestantes que exigen la derogación del contrato para la explotación de una mina de cobre a cielo abierto en una zona de bosque tropical ubicada al norte del país.
Según reportes de medios locales, los agricultores demandan la reapertura de las vías, que tras 12 días de cierre ininterrumpido, han generado pérdidas superiores a los 60 millones de dólares, de acuerdo con cifras difundidas por la estatal TVN.
Crítica recoge que una caravana de productores agrícolas de Tierra Alta que transportaba alimentos, decidió enfrentarse a los ciudadanos que mantenían cerrada la ruta en oposición al contrato minero, para continuar su trayecto hacia los distintos puntos de la geografía panameña.
Las escaramuzas incluyeron el desmantelamiento de barricadas, agresiones físicas con piedras, puños y palos, así como imprecaciones de los dos lados. La Policía intervino y se reportaron lesionados, si bien todavía no se ha precisado de cuántas personas se trata y cuál es su estado de salud.
En el lugar de los hechos también compareció el alcalde de la localidad, Javier Pitti, quien fue grabado por los internautas mientras participaba del desalojo de los manifestantes antiminería.
Además, miembros de grupos indígenas atacaron con piedras y otros objetos contundentes a camioneros que pretendían reabrir una carretera al oriente de Chiriquí. El choque dejó un número indeterminado de heridos.
El malestar por el bloqueo de caminos se extendió a las instituciones de salud. La víspera, los médicos del hospital provincial reiteraron su respaldo a la causa antiminería, pero solicitaron que se autorizara "el paso expedito" de insumos de primera necesidad, so pena de que la población local quedara sumida en "una crisis sanitaria".
Las protestas continúan en la capital
Mientras tanto, en Ciudad de Panamá, ciudadanos y la Policía protagonizaron nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, donde ayer se aprobó en segundo debate una iniciativa parlamentaria para derogar la Ley 406 del contrato minero y prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones.
Las protestas antiminería fueron convocadas inicialmente por sindicatos y organizaciones ambientalistas, pero rápidamente lograron sumar a importantes masas de estudiantes, indígenas, trabajadores y ciudadanos comunes.
Estas personas ven en la minería a cielo abierto una amenaza para la biodiversidad del país y consideran que la Ley 406 del contrato no supera las fallas que motivaron a la Corte Suprema de Justicia en 2017 a declarar inconstitucional una iniciativa previa.
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