La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este viernes en tercer debate el proyecto de Ley 1110, que proscribe por tiempo "indefinido" el otorgamiento de concesiones asociadas a la exploración y explotación de minerales metálicos en todo el territorio de esa nación.
El articulado establece que "el Ministerio de Comercio e Industrias no podrá otorgar concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos (…) y que rechazará de plano toda nueva solicitud presentada para la obtención de dichas concesiones" a partir de la entrada en vigor de la norma.
Del mismo modo, el instrumento contempla el rechazo automático de "todas las solicitudes en trámite para la obtención de concesiones" asociadas al extractivismo de metales e impide la renovación o extensión de las que ya fueron autorizadas.
Según se explica, la moratoria se asienta en la obligación del Estado "de velar por la salud de la población y garantizar que viva en un ambiente sano y libre de contaminación", uno de los argumentos que han esgrimido los activistas que han marchado en las calles para demandar la derogación de la polémica Ley 106.
¿Qué pasó con la Ley 106?
La víspera, el Parlamento panameño decidió eliminar los artículos de la Ley 1110 que se referían a la derogación de la Ley 106 –conocida también como contrato minero– y rebajar a segundo debate el proyecto de la Ley 1110, que fue aprobado sin problemas al final de la sesión.
En una nota de prensa, el ente legislativo explicó que, por consenso, los parlamentarios estimaron la conveniencia de permitir que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara en torno a su inconstitucionalidad, en lugar de sancionar su derogación.
Con este movimiento se estaría blindando al país contra eventuales demandas internacionales de la canadiense First Quantum Minerals, casa matriz de Minera Panamá, a quien el Estado panameño autorizó para explotar una mina de cobre a cielo abierto en un área de bosques tropicales.
La decisión precedió a la celebración de 120.º aniversario de la separación de la nación centroamericana de Colombia y estuvo antecedida de 12 días consecutivos de protestas multitudinarias contra la explotación minera en general y la derogación del contrato minero con Quantum en particular.
Los manifestantes aducen que la minería a cielo abierto es una amenaza para la biodiversidad del país y consideran que la Ley 106 no supera las fallas que motivaron a la Corte Suprema de Justicia en 2017 a declarar inconstitucional una iniciativa previa.
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