La posible amnistía al 'procés' catalán enciende las calles y activa el ámbito judicial en España

Alrededor de 3.500 personas se concentraron la pasada noche por tercera vez ante la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en la calle Ferraz de Madrid, para protestar por la ley de amnistía que esta formación está negociando con Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.

La manifestación acabó con enfrentamientos con las fuerzas policiales, que tuvieron que cargar y emplear gases lacrimógenos para dispersar a una parte de los presentes que tenían actitud violenta, y que intentaban saltarse el cordón policial para acceder a la sede socialista.

La concentración dejó tres detenidos, acusados de los delitos de desobediencia y atentado contra la autoridad. Uno de ellos es un exguardia civil que fue candidato al Congreso en 2019 por la formación de extrema derecha Vox.

En la protesta estuvieron presentes el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el vicepresidente del gobierno regional de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de la misma formación política.

La tensión se desbocó alrededor de las 9.00 de la noche cuando la Policía cargó contra los manifestantes, también en las calles adyacentes a Ferraz, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo.

A la concentración acudieron dirigentes de partidos de extrema derecha sin representación parlamentaria, como Democracia Nacional o Falange, y ultras condenados por el asalto a la librería Blanquerna en septiembre de 2013, según recoge elDiario.es.

La Policía ha justificado el uso de material antidisturbios por los ataques a los agentes de un grupo de manifestantes de alrededor de 200 personas con el rostro tapado y con estética ultra.

Protestas en otras sedes

La de Madrid no fue la única sede de los socialistas cercada por los manifestantes. En Valencia, la protesta estuvo encabezada por el diputado de Vox Carlos Flores, condenado por violencia de género, además de otros miembros de este partido que se encuentra en el Gobierno de esta región.

Allí, el grupo de personas lanzó proclamas como "socialistas, terroristas" o "que te vote Txapote [miembro de la organización terrorista ETA que cometió asesinatos]", además de loas al régimen franquista.

Además, el lunes el PSOE denunció que varias de sus sedes por todo el país habían sido víctimas de actos vandálicos, por lo que en previsión de nuevos altercados se ha decidido suspender la actividad en sus instalaciones por las tardes.

Rechazo del PSOE

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, reaccionó a las protestas frente a las sedes de su partido en diferentes localidades, a través de un mensaje en la red social X.

"Atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella. Pero más de 140 años de historia nos recuerdan que nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE", escribió el mandatario.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, "tendría que estar condenando con rotundidad el ataque a un partido político y a sus sedes".

"Para aquellos que se les llena la boca de hablar de la Constitución, es la Constitución Española es la que otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia, por tanto, atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia", ha afirmado Rodríguez la mañana de este martes en rueda de prensa.

El Partido Popular evita condenar los ataques

La secretaria general y número dos del PP, Cuca Gamarra, compareció en el Congreso, pero evitó utilizar la palabra 'condena'. Además, cargó contra la negociación entre el PSOE y Junts.

Gamarra ha dicho que no le gustan los actos violentos que se han producido y que "la libertad de expresión y de manifestación de los españoles debe canalizarse a través de las convocatorias autorizadas para ello", en referencia a algunas de las movilizaciones no autorizadas que se han realizado estos días.

La popular ha señalado asimismo que su formación no está a favor de las convocatorias frente a la sede de ningún partido, que ni las pide ni las respalda, y que ellos utilizarán las administraciones para combatir la política de Sánchez.

Desde diferentes sectores se señala al expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, como precursor de la respuesta jurídica y callejera contra la amnistía, después de que en un acto la semana pasara dijera: "El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga", instando a tomar medidas en diferentes ámbitos para impedir la promulgación de la ley.

Vox agita las calles y anuncia denuncias

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido la mañana de este martes, arropado por los cuatro vicepresidentes de su partido en las regiones españolas de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia.

Abascal mostró su apoyo a "todas las movilizaciones de resistencia pacífica al golpe de Sánchez" y ha anunciado que participará en todas aquellas que le permita su agenda, mientras que reivindicó su habitual tono de confrontación, usando calificaciones como "Gobierno ilegítimo".

El líder ultraderechista también anunció que presentará una querella contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por haber dado orden de cargar contra las manifestaciones.

Las asociaciones de Policía se pronuncian

El sindicato policial mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha pedido la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid por las órdenes de carga contra los manifestantes de este lunes, asegurando que los agentes actuaron "bajo órdenes políticas".

Jupol también lamentó en un comunicado "el ataque que están recibiendo en redes sociales y diversas plataformas los compañeros de la Unidad de Intervención Policial [antidisturbios] tras las cargas policiales" en Madrid.

Rebelión del Poder Judicial

El ámbito judicial no es ajeno a este escenario. Ayer por la tarde, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, emitió una declaración institucional en la que mostraba su "su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".

El texto aprobado en un Pleno Extraordinario contó con 10 votos a favor de los vocales conservadores nombrados por el PP, la abstención del presidente del órgano, el rechazo de cinco vocales progresistas y la ausencia de otro, Álvaro Cuesta, que se negó a asistir.

El alegato de Cuesta para justificar la ausencia fue: "No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes en 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio de 2023".

Además, el lunes, el juez Manuel García-Castellón citó como imputados a Puigdemont y Marta Rovira, secretaria general de ERC, en la investigación sobre Tsunami Democràtic. Las pesquisas implica que ambos podrían podrían enfrentar cargos de terrorismo por las protestas que se produjeron en Cataluña en 2019, cuando se conoció la sentencia a los líderes del 'procès', con condenas de cárcel de hasta 13 años.

Desde ámbitos como Sumar, que hace dos semanas firmó un acuerdo con el PSOE para la formación de un nuevo Gobierno de coalición, se cree que no es casualidad que se hayan producido las decisiones en la recta final de las negociaciones entre los socialistas y Junts.

En esa línea, desde la alianza progresista se asegura que actuaciones como la de García-Castellón buscan "mermar las bases de la investidura" de Sánchez, en palabras de la diputada de Sumar Aina Vidal.

Huelga de ferroviarios

Los jueces conservadores aprueban una advertencia contra la futura ley de amnistía en España

En medio del fuego cruzado político y judicial, este martes se conoció que los sindicatos de trabajadores de Renfe, la principal empresa pública de transporte ferroviario del país, han convocado cuatro días de huelga para protestar por el traspaso de la gestión de Rodalíes a Cataluña.

Esta cesión es también uno de los puntos negociados por el PSOE y ERC para que el partido catalán apoye la investidura de Sánchez.

Los paros están fijados para los próximos 24 y 30 de noviembre y 1 y 4 de diciembre. Los trabajadores se quejan de la falta de información sobre los detalles del acuerdo y exigen garantías de que se mantendrán las condiciones de los puestos de trabajo.

Continúa la negociación sobre la Ley de amnistía

Mientras se alargan las negociaciones sobre la futura ley de amnistía, que si bien ya se cerró con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), todavía sigue coleando con Junts per Catalunya.

Se tratará de la primera ley de amnistía promulgada en democracia, y cubriría a todos los involucrados en el referéndum de autodeterminación ilegal celebrado en Cataluña en 2017 y la posterior declaración de independencia unilateral.

La gran dificultad jurídica del texto, que todavía no se conoce, ha motivado que todavía se estén limando ciertos aspectos. Ninguna de las dos partes da una fecha para llegar a un pacto final, más allá del próximo 27 de noviembre.

Esa es la fecha límite para que Pedro Sánchez consiga ser investido de nuevo presidente del Gobierno antes de que se produzca una repetición electoral. Para ello, debe contar con el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados, es decir, también con los votos de ERC y Junts, que han vendido caros los siete respaldos que tienen cada uno de ellos.