Las claves del acuerdo de amnistía que enciende a la derecha y la ultraderecha española

La indignación de la derecha y la ultraderecha española subió de grados después de que la madrugada de este jueves el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acordara con Junts x Catalunya en Bruselas la amnistía de todos los encausados por el 'procés' independentista a cambio de su apoyo a la investidura del actual mandatario en funciones, Pedro Sánchez.

El Partido Popular (PP, derecha), Vox (ultraderecha) y un puñado de formaciones y asociaciones conservadoras movilizadas desde hace días en las calles consideran dañino este pacto por dos motivos: porque allana el camino para la investidura de Sánchez y porque, según ellos, supone una "traición a España".

Pero, ¿en qué consiste este polémico pacto?

Amnistía a "responsables y ciudadanos"

El punto principal es una ley de amnistía para "procurar la plena normalidad política, institucional y social" en las relaciones entre el Estado español y Cataluña, tras más de 15 años de conflicto.

La medida afecta "tanto a los responsables como a los ciudadanos" encausados "antes y después" de la consulta independentista que se hizo en 2014 y el referéndum ilegal que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017.

Cabe recordar que, con base a los resultados de ese referéndum, el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña. Posteriormente, el político se autoexilió a Bruselas para eludir a la justicia española, otros líderes del 'procés' fueron encarcelados y la autonomía quedó intervenida.

Inclusión de los casos de 'lawfare'

La ley de amnistía también afectará a aquellos que han sido "objeto de decisiones judiciales vinculadas" a ambas consultas y prevé que incluya los casos de 'lawfare o judicialización de la política', que determine una comisión de investigación en el Congreso.

También habrá un actor internacional para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos".

El acuerdo llega en un momento clave para el país y "constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse", enfatizó desde Bruselas el número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Más tarde, también desde la capital comunitaria, Puigdemont dijo que el acuerdo "no es la resolución de nada", pero "es una forma de devolver a la política lo que es de la política".

Una propuesta de referéndum

El acuerdo, que busca "resolver el conflicto histórico sobre Cataluña", señala que Junts x Cataluña considera legítimos el referéndum y la declaración de independencia, mientras que el PSOE "niega toda legalidad y validez" y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral.

Del mismo modo, establece que el partido catalán propondrá "la celebración de un referéndum de autodeterminación" amparado por la Constitución, y que el PSOE velará por "el amplio desarrollo" del Estatuto de Cataluña aprobado en 2006, parte del cual fue impugnado por el PP.

Además, ambas partes acuerdan que se buscará profundizar "la autonomía financiera" de Cataluña, facilitar el regreso de las empresas que salieron de esa región tras el fallido intento de secesión, y ampliar la "participación directa de Cataluña en las instituciones europeas" y otros organismos internacionales.

"Un acuerdo para toda la legislatura"

El acuerdo allana la investidura de Sánchez, que según adelantó eldiario.es, se celebraría los días 15 y 16 de noviembre.

Junts x Catalunya es el más difícil entre los partidos cuyo apoyo necesita para poder formar gobierno en el Congreso: la coalición progresista Sumar y los independentistas y nacionalistas catalanes, vascos y gallegos.

"El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura. Hemos hablado de darle estabilidad a la legislatura de cuatro años", declaró Cerdán.

Sánchez, cuyo partido fue el segundo más votado en los comicios (121 escaños), debe cerrar los apoyos para la sesión de investidura a la que debe presentarse antes de que expire el plazo, el 27 de noviembre. Si no logra ser investido, habrá nuevas elecciones en enero.

Ahora que Sánchez cuenta con 173 votos confirmados de Junts, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, solo falta por firmar el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para superar la mayoría absoluta (176) en el Congreso de los Diputados.

Llamado a la protesta

Una vez conocido el acuerdo, las formaciones derechistas y ultraderechistas, que se han movilizado en todos los frentes para impedir su aprobación, convocaron nuevas manifestaciones en la sede del PSOE en Madrid y otras ciudades españolas, que se prevé que suban de tono.

Desde hace casi una semana se repiten protestas ante las sedes del partido socialista, en las que no han faltado insultos de "traidor" a Sánchez, pedidos de prisión contra Puigdemont y consignas abiertamente golpistas.

En la capital española se han visto disturbios, cargas policiales, gases lacrimógenos y alrededor de una decena de detenidos, acusados de los delitos de desobediencia y de atentado contra la autoridad.

Las narrativas de uno y otro lado del espectro ideológico manejan, sin embargo, el mismo concepto, arrojado a sus adversarios políticos: el de alentar un posible golpe de Estado.

Desde la derecha, el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox acusan a los socialistas y a su posibles socios de pergeñar un golpe de estado contra el Estado de Derecho.

Sostienen que se trata de una indignidad y un mercadeo, vendiendo la unidad de España, la igualdad de los españoles y los principios democráticos del Estado de Derecho, a cambio de los siete votos de Junts que Sánchez necesita para que su investidura como presidente sea exitosa.

Desde el ámbito progresista se acusa a los manifestantes y sus instigadores de no respetar el resultado plural de las urnas, de intentar obstaculizar el libre ejercicio de sus facultades a los diputados legítimamente elegidos por la población y de instigar un golpe de Estado, una vez que las elecciones no han propiciado el resultado que deseaban.

La ultraderecha extraparlamentaria

Lo cierto es que detrás de las protestas de estos días ante la sede del PSOE se encuentra también una amalgama de partidos políticos de extrema derecha extraparlamentaria, otros actores de este espectro, como la empresa Desokupa, medios de desinformación conocidos por difundir reiteradamente bulos, junto con representantes de Vox e, incluso, miembros del PP.

Si bien la proclama inicial es movilizarse contra la ley de amnistía, como instó el expresidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, en las concentraciones se han escuchado gritos contra el presidente en funciones, contra el rey Felipe VI y contra la Constitución.

Igualmente, no han faltado las banderas de la dictadura de Francisco Franco y otros símbolos de ese régimen, así como simbología nazi. El martes, por ejemplo, estuvo presente la joven de ideología nazi Isabel Peralta, conocida por sus arengas contra los judíos, realizando el saludo fascista.