El nuevo canciller peruano, Javier González-Olaechea, ha reiterado sus apreciaciones anteriores sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con las que critica al organismo y sus conclusiones sobre el manejo de las protestas antigubernamentales.
Se trata de un informe en el que se habla de represiones contra manifestantes y "ejecuciones extrajudiciales" y que llama al Gobierno a investigar las masacres que se produjeron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
En una entrevista con RPP, el ministro recordó su reacción cuando acusó al reporte de haber "omitido algunas cosas importantes" y haber "dicho medias verdades".
"Analicé las 300 páginas del informe y dije que las había leído tres veces. Me ratifico en lo que dije en ese artículo. Entonces, opinaba Javier González-Olaechea, ahora es el ministro, pero me ratifico en los contenidos, en toda la extensión", afirmó.
El pasado 11 de mayo, en la columna que escribe en el centenario diario El Comercio, criticó el informe de la CIDH y lo calificó de no ser un pronunciamiento jurídico, sino "un recuento selectivo e impregnado de apreciaciones políticas".
Indicó que los comisionados "solo recibieron a los familiares de las víctimas civiles reportando contusiones, coágulos y más. No les preguntaron nada a los familiares de los uniformados asesinados o heridos".
Según el político, la CIDH "abortó la oportunidad de ser honesta y veraz, demostrando cuán inútil y tendenciosa puede llegar a ser".
- Las protestas tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 para exigir la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, quien fue detenido y destituido después de emitir un decreto que disolvía el Congreso y establecía el estado de excepción. Además, las movilizaciones pedían la renuncia de Dina Boluarte –la sucesora interina– y la convocatoria a elecciones.
- Las múltiples protestas se saldaron con casi 70 muertes, de las cuales 49 fueron de civiles que chocaron con las fuerzas de seguridad pública.