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Más de 1.000 detenidos en Panamá desde que estallaron las protestas por el contrato con la minera canadiense

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Hay 134 menores arrestados, 13 personas condenadas y 40 policías heridos.

Las fuerzas de seguridad panameñas han arrestado a 1.061 personas durante las 3 semanas de protestas que se han producido desde que se aprobó un polémico contrato minero en el país.

La mayoría está acusada de cometer actos vandálicos en diferentes puntos del país, especialmente en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí y Colón.

Entre los detenidos hay 134 menores de edad, según comunicó el pasado domingo el Ministerio de Seguridad Pública.

La institución ha revelado que ha abierto 175 investigaciones, resultando 60 personas aprehendidas por la comisión de diversos delitos, "tales como homicidio doloso y culposo, lesiones personales, daños a la propiedad pública y privada, extorsión, extralimitación de funciones, abuso de autoridad, apología del delito, entre otros".

Además, ya han sido condenadas 13 personas, con penas que oscilan entre 40 y 60 meses de prisión.

Al menos 40 policías resultaron heridos, "cinco por agresiones físicas, 28 por objetos contundentes y siete con armas de fuego, de los cuales hay dos hospitalizados y 19 incapacitados", detalló el Ministerio.

Entre los daños materiales, se han registrado actos vandálicos en al menos 63 locales comerciales, 19 instalaciones gubernamentales y cinco estaciones policiales. Además, al menos 66 vehículos, 34 de ellos policiales, sufrieron desperfectos.

La crisis estalló el pasado 20 de octubre, cuando el presidente Laurentino Cortizo ratificó el contrato ley 406 entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Desde el 23 de octubre las protestas se han producido de manera ininterrumpida, con multitudinarias manifestaciones protagonizadas mayoritariamente por jóvenes que critican el impacto medioambiental del proyecto minero y las concesiones sobre la soberanía nacional de la empresa.

Ahora el país se encuentra a la espera de la manifestación de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley.

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