Beneficiados, excluidos y las letras pequeñas: las claves de la polémica ley de amnistía en España

La futura ley de amnistía que tanto enardece a la derecha y a la ultraderecha española beneficiaría a más de 300 independentistas catalanes y a 73 policías encausados por el 'procés' secesionista, según cálculos de sus negociadores divulgados por la prensa local.

Este texto de 22 páginas, por ahora una proposición de ley que debe presentarse este lunes en la Mesa del Congreso, era una de las exigencias de los partidos catalanes independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) y Junts per Catalunya, para apoyar al socialista Pedro Sánchez (PSOE) en su intento de investidura, que se debatirá el miércoles y se votará el jueves.

"Responsabilidad penal, administrativa y contable"

La norma, que debe ser tramitada "por la vía de urgencia", supone anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos los que cometieron delitos relacionados con el proceso independentista en Cataluña durante más de una década, entre el 1 de enero de 2012 y este lunes.

Eso incluye la consulta sobre el futuro político de Cataluña celebrada en 2014 y el referéndum de autodeterminación que tuvo lugar en en 2017, y que dio pie a la declaración unilateral de independencia. Ambos procesos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Puigdemont podría volver a España

Entre los más de 300 independentistas beneficiados figuran desde líderes como el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se autoexilió en Bruselas en 2017 para eludir a la justicia española tras el intento fallido de secesión, hasta directores de colegio que abrieron los centros para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de ese año.

Puigdemont, considerado por amplios sectores como enemigo de la unidad de España, quedaría exonerado y podría volver al país. A los líderes ya condenados, como Oriol Junqueras, presidente de ERC, se les borrarían la inhabilitación y los antecedentes penales.

"La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables", señala el texto.

Eso incluye también "la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables", agrega.

Amnistía también para policías

La ley también beneficiaría a los 73 policías que están encausados por la violenta represión del referéndum. Para evitar polémicas, el texto aclara que eso "en ningún caso implica la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público" y "persigue aliviar la situación procesal de los encausados".

La amnistía, en caso de que la ley sea aprobada, deberá ser aplicada por los jueces como máximo dos meses después de haber sido solicitada.

"Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos", dice la ley.

Los que no se beneficiarán de esa medida serán "los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto", entre otras consecuencias físicas, y "los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos" o como "delitos de terrorismo".

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Renuncia al 'ius puniendi'

El documento hace referencia al rechazo que está provocando en la derecha y la ultraderecha, que se ha movilizado en todos los frentes para intentar bloquear la norma, con el argumento de que "la amnistía es inconstitucional" y que, por tanto, Sánchez está actuando "fuera de la ley".

"Esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal. Muy al contrario, es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro, devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del ius puniendi por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática", explica el texto.