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La justicia indígena en Ecuador castiga "con mano dura" a dos asaltantes de viviendas

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El dictamen popular incluyó la quema del vehículo que utilizaban los "malhechores" para perpetrar sus delitos.

Organizaciones sociales de Ecuador aplicaron "justicia indígena" contra dos personas calificadas como "malhechores" por robar viviendas en el cantón de Saquisilí, en la provincia de Cotopaxi.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) informó a través de la red social X que el castigo contra estas personas fue ejecutado por la organización Jatarishun de Saquisilí, "cumpliendo todo el proceso de aplicación de justicia indígena" y en "respeto a los derechos humanos".

"Con absoluto respeto a derechos humanos se procedió con la aplicación de justicia indígena, ayer (domingo) en Saquisilí, a malhechores que robaban viviendas. Confesaron que vendían (lo robado) en un local del mercado en Ambato", detalló Apawki Castro, exdirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en su cuenta de X.

La justicia indígena incluyó una marcha multitudinaria en la que los responsables de los presuntos delitos, un hombre y una mujer, fueron expuestos al escarnio público, amarrados y obligados a caminar por la calle descalzos y en ropa íntima, mientras la multitud gritaba: "fuera los vacunadores", "fuera la delincuencia".

"Solamente organizados podemos detener y vencer la delincuencia", se escucha exponer a uno de los participantes durante la marcha en la que según medios locales, recordaron que darían un plazo de 72 horas a personas extranjeras que están en esa región ecuatoriana cometiendo delitos.

Además de la marcha, la reprimenda incluyó, como lo reportan videos publicados por el medio local Radio Pichincha en X, una asamblea popular para aplicar el "procedimiento de audiencia de disciplina", donde los acusados quedaron expuestos en el medio de la tarima, mientras los asistentes los increpaban y debatían sobre los castigos que ejercerían. "Vamos a aplicar mano dura", se escucha gritar a uno de los que intervino en la junta.

Según expusieron Castro y el MICC en X, el dictamen de la justicia indígena incluyó la quema del vehículo que utilizaban estas personas para robar, acción que habría contado con la presencia de la Policía Nacional y otras autoridades locales, a quienes las comunidades exigieron aumentar el presupuesto de seguridad para la región.

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