¿A cuánto asciende la deuda tributaria de la empresa familiar de Daniel Noboa en Ecuador?

El director General del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, Francisco Briones, dijo este lunes que existe una deuda tributaria de una empresa del Grupo Noboa, que es propiedad de la familia del presidente electo, Daniel Noboa.

"La deuda existe, tan claro que es que tú vas y consultas en la página del SRI y la encuentras", dijo Briones en entrevista con Ecuavisa.

De acuerdo con el portal del SRI, el mayor deudor tributario del país es la Exportadora Bananera Noboa, del Grupo Noboa, cuya deuda asciende a más de 89 millones de dólares.

Estas deudas, que en total serían seis, según detalla el organismo ecuatoriano en su página web, se generaron entre 2010 y 2014. Al respecto, Briones indicó que la administración de entonces fue la primera responsable de no haber cobrado.

El funcionario indicó que el SRI, como autoridad, ha hecho "todos los esfuerzos" y las cuestiones legales que se pueden aplicar para el cobro de la deuda.

"Cuando no se encuentran patrimonios, activos o recursos relacionados legalmente a ese contribuyente, entonces no se puede hacer, digamos, mayor acción de cobro y lo que queda es estar siempre intentando y buscando", manifestó.

Durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), concretamente en 2013, fue incautada la hacienda La Clementina, propiedad del Grupo Noboa, para saldar una deuda del conglomerado empresarial.

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Empresas 'offshore'

En octubre pasado, apenas días antes del balotaje presidencial que ganó Noboa, se reveló que el ahora mandatario electo controla al menos dos empresas 'offshore' en Panamá, país considerado por Ecuador como un "paraíso fiscal", según el listado sobre este asunto del SRI.

Este sería un acto contrario a las normas ecuatorianas, puesto que de acuerdo con la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, también conocida como la Ley del Pacto Ético, que se aprobó tras una consulta popular en 2017, en el país suramericano se prohíbe a quienes ostenten una dignidad de elección popular, servidores públicos o candidatos a cargos públicos "ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales".