Brasil atraviesa una crisis hídrica que se agudiza con la emergencia climática global. Según el Instituto Nacional de Meteorología, más de 1.400 ciudades están afectadas por una ola de calor y las sequías históricas en la Amazonía ponen en riesgo la supervivencia de ríos, así como el abasto de comunidades completas.
El gigante sudamericano es uno de los países con mayores reservas hídricas del mundo. Sin embargo, sus cuencas hidrográficas se redujeron en un 33 % entre 1985 y 2022, según estadísticas de la iniciativa MapBiomas.
La acción depredadora de agentes económicos podría ser responsable por este escenario. Y es que las necesidades del sector agroindustrial y de la minería son inmensas, mientras todavía existen hoy 35 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares.
El consumo anual de agua por parte del sector agrícola es 174.000 millones de veces superior a la media de toda la población brasileña. Además, la minería emplea más de 1.000 millones de litros de agua por hora.
En ambos casos, las empresas cuentan con el permiso del Gobierno federal, o de los gobiernos estatales, para explotar los recursos hídricos, pero casi nunca son transparentes en cuanto a la fuente exacta de su extracción. Por eso, expertos defienden el incremento de la fiscalización y la actualización de la política nacional de recursos hídricos.
De acuerdo con Maiana Maia, de la organización no gubernamental brasileña FASE, existen fallas en la gestión, la cual "debería ser pública y estar comprometida con el uso racional de este recurso". "Existe una relación muy desigual en el modo de ocupación de la tierra y el uso del agua (…) Hay que pensar en poner multas o incluso en suspender concesiones otorgadas para la extracción de agua. Hay algunos consumidores que llevan más de 30 años con permisos para la extracción de agua en volúmenes exorbitantes", subraya.