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Mujeres indígenas acusan a Boluarte del "genocidio" de quechuas y aimaras en las protestas en Perú
En las movilizaciones antigubernamentales murieron 67 personas, de las cuales 49 fallecieron en choques directos con las fuerzas del orden.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) acusó a la presidenta de ese país, Dina Boluarte, de ser responsable de las muertes de ciudadanos quechuas y aimaras durante las protestas contra su gobierno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
"Con relación a la crisis política social que hay en el Perú, las mujeres indígenas consideramos que los actos realizados por la señora Dina Boluarte, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas y sin perjuicio de su cargo, es responsable del delito de genocidio y de lesa humanidad", declaró Ketty Marcelo López, presidenta de la Onamiap.
Las victimas de la #dictadura en complicidad con #onu#oea#DinaAsesina ,@CIDH, dicen la verdad en la cara pelada de los asesinos. abajo la dictadura ni un muertos mas. Terrorismo de Estado 1/2 pic.twitter.com/4DctVtAK9j
— Arturo Gutierrez ✊Activista #15m (@agmfox23) November 10, 2023
En una audiencia pública de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en Lima, y en la que la organización presentó su informe 'Hasta alcanzar justicia', López alertó de que el país "está retrocediendo en cuanto derechos humanos y derechos a pueblos indígenas".
"Un modelo genocida"
"Una élite política y corrupta busca perpetuar un modelo genocida, la cual está coludida con el poder empresarial, militar y los medios de comunicación de señal abierta quienes son los encargados de estigmatizarnos", destacó.
Asimismo, apuntó que los indígenas han denunciado "permanentemente esta violencia y discriminación", sobre todo, cuando les "imponen un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas" que les "condena a una muerte lenta que explota y destruye" la naturaleza.
A su juicio, los hechos ocurridos no se pueden entender de no contextualizarse "como parte de esta política genocida".
También alertó de la apertura de nuevas investigaciones "a nivel policial y de forma clandestina, por el delito de terrorismo, contra lideresas y líderes indígenas", que participaron en las protestas.
En aquellas movilizaciones antigubernamentales murieron 67 personas, de entre ellas, 49 fallecieron en choques directos con las fuerzas del orden.
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