El Tribunal Supremo del Reino Unido calificó de "ilegal" la iniciativa, apoyada por el primer ministro británico, Rishi Sunak, de deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda, informa The New York Times.
De acuerdo con Robert Reed, uno de los jueces que procesaron el caso, el veredicto repite la decisión del Tribunal de Apelación, que anteriormente determinó el plan como "ilícito" y afirmó que Ruanda no era un país seguro para los solicitantes de asilo.
El factor principal del bloqueo de la implementación de esta política se centra en el riesgo de "devolución" de los inmigrantes en caso de rechazo en Ruanda a sus solicitudes de recibir asilo. Eso significa que los refugiados podrían ser devueltos a sus países de origen, de donde huyeron de la violencia y la violación de derechos humanos.
Sin embargo, el juez indicó que el plan podría ser introducido en el futuro si hubiera un sistema de protección fiable.
El acuerdo en cuestión fue anunciado en abril del año pasado, por el entonces primer ministro Boris Johnson. Sin embargo, el vuelo inicial de deportación de inmigrantes ilegales, previsto para junio del 2022, fue bloqueado por una orden judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta que todas las instancias legales en el Reino Unido hubieran sido concluidas.
La agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, participó en ese proceso y aseguró que el país africano no tiene los "componentes mínimos" de un "sistema de asilo accesible, confiable, justo y eficiente". Además, en sus presentaciones escritas ante la Justicia, expresó sus "graves preocupaciones" por la seguridad y la legalidad de esta política de deportaciones. "Acnur mantiene su advertencia inequívoca contra el traslado de solicitantes de asilo a Ruanda en virtud del acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda", agregó.
Sunak decidió continuar la iniciativa de su predecesor, sin embargo, fracasó en su realización, lo que supone un duro golpe para las autoridades conservadoras. Los últimos días han sido bastante turbulentos para el Reino Unido, ya que el Gobierno experimentó una serie de cambios: la destitución de la ministra del Interior, Suella Braverman, luego que esta recibiera una ola de críticas tras sus declaraciones respecto a la Policía. Además, se anunciaron los nombramientos de David Cameron, como nuevo secretario de Asuntos Exteriores, y de James Cleverly, como ministro del Interior.