La formación ultraderechista argentina La Libertad Avanza (LLA) acusó este jueves a la Gendarmería Nacional –uno de los órganos encargados de garantizar la transparencia de los comicios– de cambiar el contenido de las urnas para favorecer en el balotaje presidencial al candidato de la coalición oficialista Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, lo que constituiría un "fraude colosal" contra su abanderado, Javier Milei.
Medios locales recogen que la querella fue interpuesta la víspera por Karina, la hermana de Milei, y otro abogado de nombre Santiago Viola.
De acuerdo con una copia del documento judicial, la demanda está basada en supuestas irregularidades detectadas por los autodenominados 'libertarios' durante el desarrollo de la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 22 de octubre.
Frente a esto, la Junta Nacional Electoral de la Ciudad de Buenos Aires le advirtió este jueves a la LLA que una eventual falta de sus boletas electorales en las mesas de votación este domingo, sería "su exclusiva responsabilidad", visto que el partido desoyó la petición de enviar material adicional que se le exigió el pasado 2 de noviembre.
"Su exclusiva responsabilidad"
De acuerdo con un documento publicado por medios locales, la autoridad electoral le hizo saber a LLA que si bien disponía de "un plan de contingencia para el eventual faltante de boletas", ello no significa en modo alguno que la tolda no sea responsable "de reponer y distribuir" las que hicieran falta en tal escenario.
Asimismo, se ordenó a la coalición que encabeza Milei a informar "expresamente" ante la Junta, "en un plazo de 24 horas", "cuál será el procedimiento a seguir ante esta eventualidad, haciéndoles saber que su silencio importará, que la ausencia de boletas de esa alianza en las distintas mesas electorales, será su exclusiva responsabilidad".
En el escrito se detalla que a inicios del mes, se le requirió a las organizaciones con fines políticos 10.000 paquetes de boletas, con un mínimo de 100 y un máximo de 350 papeletas, aunque LLA solo consignó 10.000 paquetes con entre 100 y 150 boletas, así como 1.000 más con menos de 100 boletas.
Ante esto, la Junta les solicitó 10.000 paquetes adicionales con cuando menos 1.000 boletas antes del 11 de noviembre, pero su demanda no fue satisfecha.
¿Cómo operaría el supuesto fraude?
Según el relato de la ultraderecha argentina, "en ciertos casos", la ausencia de "fiscales controladores" daría pie para que terceros ligados a UxP introdujeran "boletas de más de su partido" o para suprimir "la de sus rivales".
Desde que retornó la democracia al país, hace 40 años, ninguna organización o candidato ha interpuesto una denuncia por fraude ante las autoridades electorales. Pese a ello, en la demanda se afirma que es una "práctica fraudulenta habitual".
LLA asegura que tras el cierre de las mesas en los centros, la celebración del escrutinio, la entrega del material electoral a la cadena de custodia y el retiro de los miembros de mesa a sus hogares, la Gendarmería Nacional de Argentina procedería a alterar el contenido de las cajas con las boletas.
"En ese momento, durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral", se lee en el texto.
Los 'libertarios' sostienen que la Gendarmería Nacional, "junto a los Jefes Regionales de cada lugar del país", también intervendrían en la sustitución de actas lícitas por otras forjadas, especialmente "en las escuelas que no cuentan con centro de transmisión o kit de transmisión", "a cambio de alguna contraprestación por parte de los instigadores del delito".
Sin pruebas
A pesar de que en la denuncia se insiste en que en la primera vuelta electoral se cometieron irregularidades, LLA se abstuvo de fundamentar sus señalamientos con pruebas o testimonios presenciales de los presuntos hechos.
"Obviamente, por razones de seguridad, las personas que nos han comunicado dichas cuestiones prefieren mantenerse en anónimo", apunta el documento. En otra parte se menciona: "La única información y prueba con la que contamos al respecto es lo recabado a través de las redes sociales y personas".
Adicionalmente, se asevera que en el interior del país los controles son escasos (o inexistentes), lo que aunado a que en el momento en el que se estarían cometiendo los actos dolosos "las autoridades de mesa y los fiscales designados ya no tienen intervención", haría más sencillo perpetrar delitos electorales. Tampoco se ofrece respaldo alguno para el aserto.
Empero, desde el punto de LLA, todo lo descrito constituye "un fraude colosal, cuya única forma de detección es la publicidad de todas las actas, pero, fundamentalmente, a partir del control estricto por parte de las Juntas Electorales del traslado de las urnas", lo que obligaría a la justicia argentina a tomar medidas para garantizar la transparencia.
¿Qué pide LLA?
La tolda libertaria solicita "que se arbitren con el mayor esfuerzo los medios necesarios a los fines de permitir que los fiscales de LLA puedan participar en todo el trámite, ejercer control y la custodia de las urnas y documentación", según los términos previstos en la legislación local.
Del mismo modo, requiere que "en el marco del Comando General Electoral, se le otorgue participación más activa en el dispositivo de custodia y seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones a la Fuerza Aérea y a la Armada Argentina", quienes además tendrían el deber "de controlar a los jefes regionales".
Si no gano, no acepto los resultados
Con estas acciones, Milei y su partido, LLA, se suman a una tendencia creciente entre las derechas y ultraderechas en el continente: sembrar dudas sobre la confiabilidad de los resultados electorales en víspera de unos comicios en los que podrían no resultar favorecidos.
En 2022, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro –que aspiraba a la reelección y fue vencido por Luiz Inácio Lula da Silva– insistió en que se perpetraría un fraude en su contra, aunque nunca ofreció como sustento algo más que su palabra.
Bolsonaro fue desmentido –y reprendido– por el Tribunal Superior Electoral, pero ello no fue suficiente. En enero pasado, una turba bolsonarista arremetió contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia en un intento por impedir la asunción de Lula.
El caso está en manos de la Justicia y se está determinando, entre otras cosas, la responsabilidad del exmandatario, que ya fue privado de sus derechos políticos por 8 años.
De igual forma, en enero de 2021, partidarios de Donald Trump asaltaron la sede del Capitolio de los EE.UU. para imposibilitar la asunción de Joe Biden como presidente. Durante meses, Trump aseguró que había sido víctima de un fraude orquestado para favorecer a su rival.
El hecho trajo decenas de detenciones –algunos han sido condenados– y el propio Trump está bajo investigación penal. En el peor caso podría ser hallado culpable de instigar el asalto y enfrentar una condena que lo enviaría directamente a la cárcel.
En Venezuela, las derechas políticas –fuera del poder desde 1998– han acusado reiteradamente al chavismo gobernante de alterar, en contubernio con las autoridades electorales, los resultados de los más de 25 procesos celebrados desde entonces.
Aunque nunca han presentado ninguna prueba que fundamente la acusación, sus declaraciones han derivado en acciones violentas de diverso cuño, que se han saldado con centenares de muertos y heridos.
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