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Polémica en Colombia por la introducción al Congreso de un proyecto de ley contra crímenes de la paz

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Entre las conductas punibles se encuentra el asesinato de los excombatientes que han suscrito acuerdos de desarme.
Polémica en Colombia por la introducción al Congreso de un proyecto de ley contra crímenes de la paz

El senador colombiano Iván Cepeda introdujo ante el Congreso un proyecto de ley que busca penalizar los crímenes contra la paz, lo que ya ha causado una controversia con el titular de la Fiscalía, Francisco Barbosa.

Cepeda, que pertenece a la bancada del gobernante Pacto Histórico, explicó que se propone "perseguir y penalizar los crímenes contra la paz", que en términos generales se definen como aquellas "conductas dolosas que implican obstruir, impedir, restringir un proceso de paz en su fase de diálogo o el cumplimiento en los acuerdos". 

Sobre los aspectos que considera como "conductas" que atentan contra la paz, el senador pone como ejemplo el asesinato de los excombatientes que han suscrito acuerdos de desarme, reparación y reintegración a la vida civil.

Asimismo, se sancionaría el uso de los recursos de la paz "para otros fines o para el enriquecimiento particular".

En julio de 2022 estalló un escándalo por el descubrimiento de una supuesta red de sobornos, donde estarían vinculadas autoridades locales y estatales, congresistas y contratistas encargados de presentar los proyectos en los municipios más golpeados por el conflicto. En esa oportunidad, el ente acusador abrió una investigación a José Emilio Archila, el exconsejero presidencial de Estabilización y Consolidación, uno de los organismos creados para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Campaña en contra de la paz

Con esta ley estarían bajo la lupa las campañas cuya "finalidad es la de engañar a la población sobre la paz y sus propósitos" y las que tengan "carácter doloso".

"No se trata ni de perseguir ni delimitar el debate público ni ejercer la censura, pero sí de combatir todo intento por acabar con estos esfuerzos que son muy valiosos para la sociedad", dijo el abogado en un video.

Sin embargo, parece que el punto que mayor malestar ha generado en Barbosa se relaciona con que se pondrá "especial atención" a las obstrucciones a la paz hechas por "altos servidores públicos".

Las aclaratorias

Aunque el proyecto aún no ha sido debatido, el senador ya ha tenido que salir a responder en las plataformas electrónicas a los cuestionamientos, entre los que se encuentran los del fiscal general, que es considerado por algunos como un líder de la oposición debido a sus constantes disputas con el mandatario Gustavo Petro por diferencias entre la delimitación de sus funciones.

En una de sus interacciones, Cepeda aseguró que no tenía la culpa de que el proyecto que radicó ante el Legislativo fuera llamado 'Ley Barbosa'.

En una entrevista al medio opositor Semana, el fiscal general expresó que el proyecto de "ley mordaza" procura "establecer en Colombia un Estado totalitario".

Barbosa dijo que Cepeda –a quien señala de  "fungir en ocasiones como vocero del presidente"– busca que los servidores públicos "sean indebidamente judicializados por defender las instituciones (…) cuando se quiera suplantar el Estado de derecho por la criminalidad, tal como está sucediendo en Colombia".

El fiscal manifestó que el legislador apuntaba a "mandar a la cárcel a servidores públicos y particulares, incluidos periodistas, por pronunciarse sobre iniciativas y procesos en ejecución que tienen que ver con la polémica paz que está negociando el presidente".

Ante estos duras acusaciones, el llamado 'arquitecto de la paz total' escribió en la plataforma X que "en cada frase del fiscal Barbosa se percibe odio y resentimiento. Lo amenazan sus propias emociones negativas".

En otro escrito en las redes le pidió a Semana que rectificara una información que publicó que sostenía que supuestamente iba a retirar el proyecto por las "fuertes críticas" recibidas.

En una interacción más dijo que había leído un sofisma o argumento falso que sostenía que su propuesta buscaba "silenciar" y perseguir los señalamientos de la oposición.

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