El expresidente de Colombia Álvaro Uribe y el actual mandatario, Gustavo Petro, no han superado sus discrepancias con respecto a cómo debería ser el manejo más adecuado del sistema de salud en un intenso debate de más de tres horas, dedicado a la reforma impulsada por el Gobierno.
La reforma de salud, que retoma su trámite en el Congreso este jueves, sigue en un limbo después de la reunión del miércoles en la Casa de Nariño, donde las dos bancadas se mantuvieron firmes en sus respectivas posturas opuestas. El Gobierno y el Pacto Histórico se negaron a retirar el proyecto de ley, mientras que la oposición insistió en que la reforma no es necesaria y solo pondría en riesgo todo el sistema existente.
El congresista Alfredo Mondragón, de Pacto Histórico, resumió la reunión de la siguiente manera: "Hay diferencia en la concepción de cuál es el camino". Así, "Uribe plantea mantener un esquema de aseguramiento en privados", mientras que al Gobierno le preocupa tanto "que el aseguramiento siga concebido hoy como que los recursos los manejen privados que hoy acumulan deudas de más de 23 billones de pesos y que las que ya están liquidadas dejan deudas de más de 7 billones", explicó.
El senador opositor del Centro Democrático Carlos Meisel también reconoció que, si bien el debate fue "argumentativo" y de su parte lograron transmitirle al Gobierno sus principales preocupaciones sobre la reforma promovida, las diferencias "son insalvables".
"El Gobierno está abierto a seguir tomando café con nosotros y nosotros con el Gobierno, pero cada uno con sus tesis y cada uno con sus posiciones", aseveró Meisel en referencia al tenso 'tinto', como le dicen en Colombia al café expreso, de este miércoles.
Pese a que la reunión culminó sin acuerdos, Petro destacó que hubo tres puntos en los que las partes lograron coincidir: que es necesario "preparar muchas más personas en ciencia de la salud", "impedir que el clientelismo tome hospitales públicos" y "reconocer la pertinencia de un sistema de salud preventivo".
Qué pretende cambiar la reforma de Petro
La reforma a la salud de Petro busca modificar en esencia el sistema de salud que rige en Colombia desde hace 29 años de forma que se minimice la intermediación de privados y el Estado tenga un mayor control sobre el manejo del dinero y la prestación de la atención sanitaria.
Actualmente, los recursos públicos son administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las que todos los colombianos que trabajen o coticen deben afiliarse y pagar un plan obligatorio. Con el control y manejo de los recursos, las EPS pagan a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS), que brindan atención médica a la población.
En el marco de la reforma, a las EPS se les quitaría el poder de administración del dinero del Estado y solo quedaría el de prestación del servicio de salud. Además, se pretende ampliar el alcance de la atención sanitaria para que sea universal en todo el territorio nacional, donde de momento escasea en zonas rurales.
Uno de los principales temores respecto a este cambio es que el Estado se convierta en el único pagador del sistema de salud y que la prestación de los servicios médicos se parezca al sistema anterior que regía en el país hasta los 90, cuando el Instituto de Seguro Social era la única entidad que gestionaba el sector. Muchos lo consideraban una máquina de la burocracia que enfrentaba problemas de suministros, operatividad e inestabilidad financiera y era incapaz de atender las necesidades sanitarias de 35 millones de colombianos.
"Inconveniente para los colombianos"
La legisladora del Centro Democrático Paloma Valencia afirmó que se oponen a la reforma de Petro porque "es inconveniente para los colombianos". "Destruir el [actual] sistema de salud significará que los colombianos, muchos, se queden sin servicio y que haya que pagar mucho más de lo que pagamos hoy para volver a tener los mismos servicios de salud que hoy tenemos", sostuvo.
Por su parte, Meisel insistió en que "la reforma no es necesaria para las cosas que quiere implementar el Gobierno, no se necesita poner en riesgo todo el sistema".
- En mayo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de reforma. Para convertirse en ley le restaban tres discusiones más: una en la sesión plenaria de la Cámara de Baja, que aún se está dando, y dos en el Senado.