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Abren otra investigación a la presidenta de Madrid por muertes en residencias durante la pandemia
En total, casi 7.300 mayores fallecieron, lo que se atribuye al protocolo de la Comunidad, que establecía su no derivación a centros hospitalarios.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 50 que investigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes de mayores en residencias públicas que no fueron derivados a hospitales ni recibieron atención sanitaria durante la pandemia de coronavirus.
El tribunal también pide que se investigue a dos de sus consejeros de entonces, Enrique Ruiz Escudero, que era el responsable de Sanidad, y Enrique López, que ejercía el puesto de consejero de Justicia e Interior, según un auto al que ha tenido acceso Público.
El caso se refiere a la muerte de siete personas mayores resientes en el centro Amavir Ciudad Lineal, que fallecieron sin ser trasladados al cercano hospital Ramón y Cajal, y que tampoco recibieron ningún tipo de asistencia sanitaria en el propio centro.
El juzgado de instrucción cerró las investigaciones y desestimó el pasado mes de abril la querella de siete familias, que recurrieron a la Audiencia Provincial argumentando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la falta de motivación.
Denunciaban que la jueza no había practicado la suficiente actividad instructora al no haber llamado a declarar a los responsables de la elaboración y aprobación de los protocolos, que prohibían la derivación hospitalaria.
Tanto Díaz Ayuso, como Ruiz Escudero y López, se encuentran acusados de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.
Segunda causa judicial para Díaz Ayuso
Se trata de la segunda vez que la Audiencia Provincia ordena reabrir una causa contra Díaz Ayuso, de las muchas que se han presentado en los juzgados, para dirimir la responsabilidad de su Gobierno regional en el fallecimiento de residentes en centros de mayores.
La anterior se produjo el pasado mes de octubre, cuando se instó al Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad madrileña de Collado Villalba a reabrir el caso de un residente en el Centro Residencia Torrelodones-Sanitas Mayores, para investigar un delito de homicidio por imprudencia.
En este contexto, el pasado 7 de noviembre, el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación, y el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, declararon en esta causa.
Reyero reiteró que se opuso desde un principio a este procedimiento, porque significaba dejar morir a mayores de forma indigna, y que el protocolo era de obligado cumplimiento para las residencias.
Protocolo de la vergüenza
Los hechos enjuiciados se habrían producido en aplicación del protocolo de no derivación de la Comunidad de Madrid, conocido como el Protocolo de la vergüenza.
Durante los primeros días de la primera ola de la pandemia de coronavirus, con el sistema sanitario colapsado, el Gobierno regional elaboró un protocolo que envió a todas las residencias, en el que prohibía la derivación hospitalaria de pacientes dependientes.
En esas críticas jornadas se prometió la medicalización de los centros de mayores, pero esa medicalización nunca llegó. El resultado fue la muerte de casi 7.300 personas mayores, en la mayoría de los casos sin asistencia sanitaria y en la más completa soledad, en un momento en que estaba vigente el confinamiento de la población.
Los hechos fueron denunciados casi desde el primer momento por Reyero, que dimitió por esta causa y llegó a escribir un libro donde relató su experiencia en la pandemia y en la que afirmó que los mayores de las residencias murieron sin dignidad y, en muchos casos, agonizando sin ninguna compañía ni asistencia.
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