El presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desató las críticas de patronales y sindicatos después de vetar un proyecto de ley para prorrogar la exención de un impuesto salarial en 17 sectores de la economía hasta 2027.
Según el mandatario, el texto es inconstitucional porque no detalla en qué medida la renuncia del Estado a esos ingresos impacta en las cuentas públicas del país, como establece la ley.
Ese beneficio fiscal, instaurado en 2011 para estimular el crecimiento económico y el empleo, permite que las empresas de 17 sectores, entre ellos transporte, comercio y hostelería, paguen solo entre 1 % y el 4,5 % sobre los ingresos brutos, en lugar del 20 % sobre los salarios de los empleados.
El veto de Lula levantó críticas tanto de empresarios como de trabajadores, mientras que el Congreso baraja la posibilidad de dejarlo sin efecto.
Menos "recaudación" y más "inseguridad"
En un atípico comunicado conjunto, la Unión General de los Trabajadores (UGT), Fuerza Sindical y la Central de los Sindicatos Brasileños (CSB) denunciaron que el veto "pone en riesgo millones de empleos" y "estimula la precarización en el mercado laboral".
"El resultado será pérdida de recaudación, inseguridad y empleos de menor calidad", dijeron.
Además, advirtieron al Gobierno de Lula que está cometiendo un error "al dejar el ajuste fiscal para el sector productivo y el empleo formal porque la factura la pagarán los trabajadores, ya sea con desempleo o con informalidad".
Por otro lado, la Asociación Brasileña de Industria Textil y Confección (Abit), en la que trabajan 1,5 millones de brasileños, lamentó "profundamente" la postura de Lula porque va en contra del "mejor programa social que existe, que es la creación de puestos formales de empleo".
"El aumento de la presión fiscal sobrecargará los costes, lo que probablemente provocará un aumento de los precios, repercutiendo en la capacidad de consumo de la sociedad", advirtió la entidad en un comunicado.
Tras las críticas, el ministro de Economía, Fernando Haddad, prometió que, antes de que termine el año, presentará un plan de compensación para los afectados.
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