Perú amaneció con un nuevo escándalo político. Este lunes, la Policía Nacional allanó varias sedes del Ministerio Público por la existencia de una presunta red criminal liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ahora está señalada por amplios sectores.
Benavides, quien también es investigada por tráfico de influencias, ahora afronta varios pedidos de dimisión. "La fiscal de la Nación no puede seguir en el cargo", aseguró la parlamentaria Ruth Luque, en su cuenta oficial en la red social X.
En respuesta, presentó una denuncia constitucional contra Benavides por diversas infracciones a la Carta Magna peruana.
"Un Ministerio Público cuya cabeza sería parte de una red criminal socava toda la credibilidad de esta institución. Lo sucedido es una evidencia que todo está podrido en desmedro del país. El adelanto de elecciones se hace necesario", añadió Luque.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Freddy Vracko, quien llamó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a suspender de su cargo a la funcionaria.
"Tienen que volarla [destituirla], el adelanto de elecciones tiene que ser agendado desde hoy", afirmó en entrevista con la emisora local Exitosa, en la cual le pidió a la mandataria peruana, Dina Boluarte, un "cambio de gabinete para poner gente un poco más decente".
Entretanto, la legisladora Susel Paredes ya presentó dos proyectos de ley de anticipo de comicios. "Urge hoy más que nunca ante grave crisis institucional. La fiscal de la Nación se habría dedicado al cabildeo político congresal. Tiene que dejar la FN [Fiscalía de la Nación] de inmediato", dijo.
Hasta el momento, ni la JNJ ni la jefa de Estado se han pronunciado explícitamente por este procedimiento, denominado como Operación Valkiria V y que también alcanza al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y a varios congresistas de la República.
"Si hay algo que investigar, que se investigue", manifestó Boluarte de forma genérica en su discurso de inauguración de la X Conferencia Anual Internacional por la Integridad.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción César Azabache consideró que "ocurra lo que ocurra, esta es una crisis terminal". "Lo único que puede hacer por sí misma, para afrontar lo que viene con la mayor decencia posible, es renunciar al cargo de inmediato", aseveró en un mensaje a Benavides.
Además, Azabache indicó que "el capital político acumulado en el caso" del expresidente peruano Pedro Castillo, "la puso en una posición inmejorable para fortalecer el Ministerio Público", pero que su manera de proceder fue diferente.
La polémica
En diciembre de 2022, Benavides tuvo un alto influjo mediático tras acudir a la sede de la Prefectura en Lima tras la detención de Castillo.
En un hecho sin precedentes, Benavides supervisó la diligencia, que estaba a cargo de otras autoridades, como la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder.
Barreto, quien emprendió el operativo Valkiria V, fue removida de su cargo la madrugada de este lunes por la fiscal de la Nación.
Barreto había dispuesto la detención preliminar de Jaime Villanueva, uno de los principales asesores de la titular del Ministerio Público, en el marco del caso 'La fiscal y su cúpula del poder'.
"Ella no puede cesar a un fiscal que está investigando hechos que la vincularían directamente", aclaró el exprocurador Luis Vargas Valdivia, al canal Panamericana. "Es un hecho que carece de sustento legal porque hay un claro conflicto de intereses", sostuvo.
El perfil de Benavides
Benavides fue elegida por unanimidad al máximo cargo del Ministerio Público en julio de 2022, tras obtener el primer lugar en el cuadro de mérito del proceso de selección que desarrolla la JNJ.
Integrantes de la Junta Nacional de Justicia apuntaron en su momento que la funcionaria exhibía "una deseable solidez en su dimensión ética y personal". No obstante, su gestión no ha estado exenta de polémica.
Desde hace meses enfrenta una indagación por un supuesto plagio de tesis de maestría y doctorado, que son obligatorias en Perú para optar al cargo de fiscal de la Nación.
En abril pasado, la legisladora Paredes pidió a la JNJ que investigara el caso, dado que la fiscal había realizado cambios controversiales en los equipos que se encargaban de las pesquisas sobre importantes denuncias de corrupción.
Ese mismo mes, la JNJ abrió una investigación de oficio contra Benavides por presunta violación de la legislación al haber aceptado una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
La prensa local recordó en ese momento que López Aliaga se encontraba "incurso en una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal".