En noviembre volvió a arrancar en España el Programa de Turismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de España, que subvenciona las vacaciones de los mayores españoles y que contribuye a mantener el tejido turístico del país en temporada baja.
Un 'win-win' en toda regla que ha cumplido 38 años entre las alabanzas de todas las administraciones públicas. Nacido de la voluntad de dar un impulso al sector hostelero y comercial de algunas de las zonas más populares en los codiciados destinos de sol y playa españoles, con el transcurrir del tiempo se convirtió en una de las insignias de los programas públicos de atención a los jubilados y pensionistas del país.
Millones de personas han viajado, algunas por primera vez, gracias a esta iniciativa, ayudando a fomentar el envejecimiento activo y la mejora de la salud en la tercera edad, mientras que cada año decenas de miles de puestos de trabajo han encontrado una estabilidad que sería imposible sin esta ayuda.
Para muchas personas significó en su día ver el mar por primera vez, saber lo que se siente al viajar en avión y, en el caso de muchas mujeres, no tener que cocinar y ocuparse de las tareas domésticas para conocer algún destino turístico.
Una semana todo incluido por 200 euros
Por poco más de 200 euros los mayores pueden disfrutar, por ejemplo, de siete noches en régimen de pensión completa, con transporte incluido, en hoteles de cuatro estrellas en destinos de costa o interior.
A cambio de gozar de esta ganga, hay que viajar en los meses de temporada baja, normalmente de octubre a junio, en destinos que se encuentran abiertos todo el año.
En total este año se ofertan casi 900.000 plazas, aunque en algún ejercicio han llegado a ser 1,2 millones. Sin embargo, los solicitantes han rozado los cuatro millones de personas, un verdadero éxito, teniendo en cuenta que hace 38 años, en 1985, el programa se inició con tan solo 16.000 plazas y dos destinos.
Un negocio redondo
Aunque el foco está puesto en la labor social, es innegable el contenido económico de este programa, no solo para el tejido del sector servicios, sino también para el propio Estado que lo impulsa.
Según algunas asociaciones del sector, como recordaba el año pasado el presidente de la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), Toni Mayor, la Administración se ahorra o ingresa 110 millones de euros anuales, entre lo que deja de pagar por prestaciones por desempleo de los trabajadores que perderían su puesto en temporada baja y las cotizaciones sociales de aquellos que siguen conservando su puesto, ingresos que no se abonarían en caso de despidos.
Además, el Estado sigue recaudando el IVA, el impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Así, se estima que por cada euro invertido en esta iniciativa, retornan al Estado algo más de un euro y medio. Todo ello a cambio de un desembolso de alrededor de 70 millones de euros, el monto con el que el Imserso subvenciona estos viajes. Los usuarios pagan alrededor del 75 % del coste, con precios económicos cerrados, mientras que la Administración aporta el 25 % restante.
En la parte privada también son cuantiosas las ventajas, puesto que se ayuda a mantener el empleo en un sector marcado por la precariedad y la temporalidad y palia la estacionalidad del sector.
En el programa están involucradas agencias de viajes, más de 300 establecimientos hoteleros y empresas del sector del transporte, una de las ramas más beneficiadas, sobre todo las aerolíneas y las compañías de autobuses.
Además, aunque no hay datos oficiales, concretos se estima que de esta iniciativa dependen 12.000 de puestos de trabajo directos y 85.000 indirectos, según cálculos de medios especializados. Tan solo en la Comunidad Valenciana son alrededor de 13.000: 3.000 directos y 10.000 indirectos, según afirmaba Hosbec este verano.
Su importancia se vio claramente en 2020 y 2021 con el agujero que dejó en el sector hostelero la cancelación del programa de turismo del Imserso debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, especialmente en un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores.
También comercios y otros negocios se ven beneficiados por este tipo de turismo, que prefieren a este público mayor, más tranquilo y que deja mayor gasto, contribuyendo a cierta estabilidad anual en estos establecimientos.
Un público entregado
En España hay algo más de 10 millones de pensionistas, el público al que está dirigido este programa. Tienen todo el tiempo del mundo y, la mayoría, poco interés por viajar en temporada alta, evitando así la masificación.
Además, todavía hay un porcentaje alto cuyo poder adquisitivo es reducido. Desde luego nada que ver con aquella España de 1985 cuando la pensión media era de 33.000 pesetas, unos 200 euros al cambio de la moneda actual.
Ahora el 29,17 % de los solicitantes ingresan menos de 742 euros, mientras que el 55 % tiene una pensión inferior a 1.200 euros. El 46,4 % tiene entre 70 y 79 años, y la mayoría, casi un 60 %, son mujeres.
El año pasado se ofertaron 816.029 plazas repartidas por todas las provincias españolas, pero tres regiones acapararon más de la mitad: Andalucía, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Este año los viajes ofertados oscilan entre los 3 y los 9 días de duración y el precio varía entre los 124 y los 435 euros. Además, se ha introducido una novedad: más de 1.000 plazas para festivales de música y teatro de interior.
El programa se ha ido adaptando con los años a los gustos y circunstancias de las personas mayores. Así, ahora además de contar con 10 nuevos circuitos culturales y 19 nuevas rutas de naturaleza, también se incrementan las plazas con habitación de uso individual, pasando del 2 al 10 %.
La idea de un cura sindicalista
La idea de este programa surgió de la mente de Francisco Obrador Moratinos, cura, sindicalista y alcalde de Calviá, municipio de la isla de Mallorca, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en los años 80.
Tras dar muchas vueltas a qué podía hacer para que su localidad siguiera teniendo beneficios económicos y empleo fuera de la época estival, acabó presentándose en el despacho del entonces ministro de Trabajo, el también socialista Joaquín Almunia, con esta propuesta.
Así, en un principio el programa nació como una acción de empleo, no como una acción social, y arrancó con 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) y dos municipios involucrados, pues a Calviá se sumó Benidorm, uno de los destinos estrella desde entonces.
En aquel 1985 el sueldo medio de los trabajadores rondaba las 120.000 pesetas (unos 720 euros) al mes, mientras que la pensión mínima se situaba en 30.000 pesetas (180 euros). Ese verano tres semanas de vacaciones en Mallorca costaron 25.000 pesetas y 18.000 pesetas en Benidorm.
El artífice de una iniciativa que ha llevado de vacaciones a más de 20 millones de pensionistas españoles, según estimaciones en medios, tras jubilarse se marchó a Ecuador a trabajar como cooperante en desarrollo local, donde fue el primer extranjero al que le concedieron la medalla del Mérito al Trabajo.
Obrador trabajó también en materias sindicales junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Perú, y después siguió con tareas de cooperante en Senegal, Mauritania, Marruecos y Argelia.
El incipiente plan de turismo ayudó poco después a poner en marcha el programa de termalismo. Entonces había estaciones termales casi abandonadas y la implementación de esta política supuso que se les garantizara la plena ocupación y la modernización de sus instalaciones.
Nubarrones del futuro
Los nubarrones del futuro dejan la incertidumbre sobre si se podrán mantener los precios tan bajos como hasta ahora. La subida de precios de la energía, los alimentos y la mano de obra hacen muy posible que lastren los costes de la hostelería y que se tengan que repercutir en los usuarios. Eso, o aumentar la subvención pública.
Las empresas del sector, sobre todo los hoteles, llevan años quejándose de los bajos precios que se les abona por persona en este programa. Los hoteles reciben poco más de 23 euros al día (en el destino más económico) por persona por este servicio, algo menos del doble de lo que reciben las agencias de viaje. Sin embargo, son muchas las voces que recuerdan que se trata de cubrir los gastos en vez de echar el cierre, no de sacar beneficio.
Además, el jugoso pastel del contrato con el Estado ha estado salpicado de irregularidades en la última década. En 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) multó a Halcón Viajes y B the Travel con 1,83 millones de euros por haberse puesto de acuerdo en sus ofertas para los viajes del Imserso.
Además, ese mismo año, el Imserso impuso una multa de 1,9 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Mundiplan por incumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato público por causas imputables a la empresa por la falta de disponibilidad de las plazas hoteleras comprometidas en su oferta.
Sin embargo, estos inconvenientes no parece que puedan suponer el freno para este programa emblemático. De hecho, España quiere extenderlo a nivel europeo.
Así lo manifestó en marzo del año pasado, la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que durante la reunión informal de titulares de Turismo en Dijon, Francia, propuso a sus homólogos la puesta en marcha de un proyecto espejo.
Se trataría de una iniciativa de viajes sénior entre países de la Unión Europea (UE), una zona en la que los mayores de 65 años representan ya el 21 % de la población y gastan el 5,6 % de sus ingresos en turismo.
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