La Corte Constitucional de Colombia avaló este jueves la ley de 'paz total' del Gobierno de Gustavo Petro, pero con ciertos condicionamientos. La enmienda, que fue aprobada por el Congreso nacional y permite a la Administración dialogar con distintos grupos armados, había sido demandada ante el Tribunal para su revisión.
En el veredicto se declara "exequible" la facultad otorgada al Gobierno para negociar con estructuras criminales que ejerzan control territorial. No obstante, los términos de sometimiento deben contar con el aval y la reglamentación del Congreso.
"Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad", reza la sentencia.
En este sentido, se establece que una de las interpretaciones posibles de la expresión "y se encuentren en privación de libertad" es que tal disposición permitiría al presidente solicitar la excarcelación de voceros de organizaciones sociales y humanitarias.
Sin embargo, la Corte se pronunció en contra de la suspensión de órdenes de captura contra miembros de las estructuras criminales que permite la ley, salvo cuando el Gobierno "justifique la medida, incluyendo su temporalidad y el alcance territorial necesario de la misma, y la autoridad competente de la Rama Judicial valore estos supuestos".