Gobierno venezolano y oposición fijan la ruta para la habilitación de candidatos presidenciales

Las delegaciones del Gobierno de Venezuela y de la Plataforma Unitaria (bloque que condensa a un sector de oposición) acordaron un mecanismo de revisión, con miras a la participación de los candidatos que hayan sido inhabilitados para las presidenciales de 2024.

La decisión se conoció el pasado jueves, cuando los jefes de los equipos negociadores, Jorge Rodríguez (Gobierno) y Gerardo Blyde (oposición) compartieron en sus redes un documento en el que se detallan los pasos que deberán seguir los interesados en obtener esa medida.

Con esta determinación, se abre la posibilidad de que los dirigentes opositores que habían sido inhabilitados, entre los que destacan María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros, puedan acudir al Supremo para gestionar sus recursos. Hasta ahora ninguno de ellos se ha pronunciado en sus redes sobre las acciones que tomarán.

¿Qué implica este nuevo acuerdo?

El jueves, la embajada de Noruega en México, facilitadores del proceso de diálogo que se retomó el 17 de octubre pasado en Barbados, publicó en su cuenta de la plataforma X que confirmaba la recepción del escrito que se basa en el 'Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos', suscrito en Bridgetown.

El oficio se titula 'Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República'. En él se establece el mecanismo que deben seguir los aspirantes a la presidencia que hayan tenido procedimientos abiertos en ese organismo.

Los interesados deberán acudir a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "para ejercer el recurso contencioso administrativo" contra la medida de inhabilitación, acompañado de una "solicitud de amparo cautelar". El lapso establecido para este trámite es desde este viernes hasta el 15 de diciembre de 2023. La máxima corte posteriormente se pronunciará sobre lo solicitado.

¿Cuáles son los compromisos?

Según se explica en el texto, tanto en la demanda presentada como en las declaraciones públicas, los interesados no deberán emitir "conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado", según lo estipulado por el máximo tribunal.

Del mismo modo, deberán comprometerse a:

• Respetar la Constitución y las leyes.
• Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales.
• Resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, según la Carta Magna.
• Acatar en el marco constitucional la decisión del TSJ.
• Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

La fecha tope de Washington

Esta determinación fue difundida el mismo día en que varios voceros de la Casa Blanca plantearon una fecha límite para que se anunciara una medida sobre la habilitación de los candidatos, con énfasis en Machado. 

El jueves pasado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseveró, antes de que se diera a conocer el acuerdo, que aún no había visto ningún progreso. "Quedan ocho horas en el día, así que veremos qué deciden hacer los venezolanos", dijo en una rueda de prensa.

Al ser consultado sobre si se reestablecerían las sanciones que habían sido flexibilizadas tras el Acuerdo de Barbados, dijo que no quería adelantarse y que eso le correspondía al Departamento del Tesoro, encargado de imponer las medidas coercitivas.

Una semana antes, el jefe de misión de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, Francisco Palmieri, afirmó en una entrevista que aunque el 30 de noviembre no fue una fecha estipulada en Bridgetown, era un "plazo para actuar a favor del proceso" y para "demostrar a los venezolanos y a la comunidad internacional que hay intenciones de cumplir y avanzar con lo firmado".

En esa oportunidad, Palmieri amenazó con "quitar en cualquier momento" las cuatro licencias otorgadas por Washington para suspender "sanciones selectas" que autorizaban por seis meses las transacciones relacionadas con el sector del petróleo y el gas "en respuesta a la hoja de ruta electoral".

Asimismo, tras el documento conjunto entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que había concedido una enmienda solicitada por Trinidad y Tobago a una licencia que permite el desarrollo conjunto de un proyecto de gas costa afuera con el país vecino.

Un mes después de la firma en Barbados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó otra licencia que permitirá a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) realizar transacciones relacionadas con el mantenimiento de infraestructuras gestionadas en sociedad con compañías asentadas en el país norteamericano.

El precedente de Barbados

En líneas generales, en el Acuerdo de Barbados las partes se comprometieron a que se respetaran los derechos políticos de los aspirantes a las presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo año.

Además, se estableció la promoción de las garantías comiciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la posibilidad de invitación a misiones técnicas de observación como Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.

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¿Cuáles son las reacciones?

El jefe del equipo negociador del Gobierno escribió en sus redes que se ha dado "un paso más en la dirección correcta (…) para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución".

Por su parte, quien está al frente de la delegación opositora, publicó que el Acuerdo de Barbados "determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales", y refirió el precedente de amparo cautelar hecho por el dirigente opositor venezolano Manuel Rosales, a quien el máximo tribunal le admitió el recurso en 2017.

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