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Representante de la minera canadiense en Panamá admite que cese de operaciones causará daño ambiental
En una entrevista, el director ejecutivo dijo que las aguas de los ríos aledaños se podrían contaminar con bastante rapidez.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declarara la inconstitucionalidad de la ley que extendía por 20 años las operaciones de una minera canadiense en una mina de cobre a cielo abierto, el director ejecutivo de esa transnacional reconoció que necesitan hacer mejor las cosas y alertó que el cierre podría producir un alto nivel de contaminación.
En una entrevista de El País, Tristan Pascall, máxima autoridad de la Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, expresó que esa compañía reconoce que se necesitan "hacer las cosas mejor" en términos de cómo se comunican "las cosas".
"Necesitamos escuchar y aprender de esto", agregó, tras el revés causado por la máxima instancia judicial del país centroamericano.
El director ejecutivo de la minera manifestó que con el cese de actividades aproximadamente 7.000 trabajadores perderán sus puestos y más de 30.000 personas se verán afectadas de forma indirecta. Sin embargo, más allá de los empleos perdidos, lo más preocupante es el impacto ambiental que ocasionará el cese de operaciones.
Rápido deterioro en el medioambiente
Según explicó, tras el cierre habrá un deterioro "en el medio ambiente con bastante rapidez", que ocasionará que el pH del agua baje y esta se vuelva ácida "en unas semanas".
"Eso provocará algunos efectos aguas abajo en términos de condiciones acuáticas, para los peces y en los ríos", admitió.
Ante este importante riesgo para el entorno natural y para sus habitantes, dijo que la transnacional tenía una "preocupación" por lo que ocurriera y sostuvo que tienen "una obligación mutua de garantizar que se resuelvan las condiciones ambientales". No obstante, no adelantó cuáles serían las acciones que llevarían a cabo para minimizar esta afectación.
Sobre las protestas multitudinarias, que han sido calificadas como un estallido social, y que hicieron que el presidente panameño, Laurentino Cortizo, firmara un decreto ejecutivo para prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones mineras –lo que no acabó con el descontento popular– reconoció que para ellos había sido una "sorpresa".
El director ejecutivo de la minera considera que estas movilizaciones –que causaron la muerte de cuatro personas, dos de ellas a manos de un civil armado– también se producen porque el país se encuentra en un periodo previo a las elecciones generales de mayo de 2024.
Los manifestantes desde un principio reclamaron la derogación del instrumento legal, al considerar que atentaba contra la preservación de la biodiversidad y que no superó las deficiencias que condujeron a la Corte Suprema de Justicia en 2017 a declarar inconstitucional el contrato –que era la extensión de uno firmado entre el Estado y la minera en 1997– por fallas al debido proceso.
¿Por qué las protestas?
El 20 de octubre pasado, el Gobierno firmó la Ley 406, que renovó por 20 años el contrato entre el Estado y Minera Panamá, decisión que fue ampliamente rechazada en las calles.
En las protestas participaron estudiantes, médicos, obispos, obreros, profesores e indígenas, entre otros, que se manifestaron contra el contrato-ley, porque argumentaron que era inconstitucional y "vende la patria". Además de atentar contra los intereses soberanos del país y poner en riesgo el ecosistema del bosque de Donoso, en la provincia de Colón, donde ejecutaría el proyecto minero.
Luego del fallo de la Corte, el ministro de Comercio e Industrias, la semana pasada, Federico Alfaro Byod, presentó su renuncia irrevocable al cargo, por su desacuerdo con la determinación y, en su lugar, entró Jorge Rivera Staff.
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