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Amnistía y renovación del Poder Judicial: ¿por qué Europa se ha colado en el debate interno español?

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Las últimas declaraciones del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, han agudizado la pugna entre el partido de Gobierno y la principal formación opositora.
Amnistía y renovación del Poder Judicial: ¿por qué Europa se ha colado en el debate interno español?

Bruselas está entrando de lleno en el debate político español. En las últimas semanas, su opinión sobre la futura ley de amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está siendo utilizada como arma arrojadiza por los dos principales partidos del país: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el poder, y el Partido Popular (PP), en la oposición.

Las últimas declaraciones que han causado ampollas han sido las del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que el lunes volvió a pronunciarse acerca de la futura ley de amnistía a los involucrados en el proceso secesionista catalán, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados de España. "Claro que tenemos preguntas", afirmó en declaraciones a la prensa.

Aunque el titular de Justicia europeo se mostró muy satisfecho con el "buen diálogo" que hay sobre la ley, dejó claro que la Comisión no se pronunciará hasta que la norma sea aprobada por el Parlamento español, algo que se espera que suceda durante el primer cuatrimestre de 2024.

Con estas declaraciones, Reynders rebajó el encontronazo que hubo tras la reunión que mantuvo el pasado jueves con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, y la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová.

El impasse surgió porque el ministro español afirmó que la Comisión Europea tenía "cero preocupación" por la ley de amnistía que el PSOE, partido del presidente Pedro Sánchez, pactó con las formaciones catalanes independentistas Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para asegurar su reelección.

Solo un día después, el portavoz de Reynders, Christian Wigand, dio otra versión: "El análisis sigue en marcha, por tanto, en ese sentido, el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantee preocupaciones".

El Gobierno de España se defiende

A pesar del desmentido de Wigand, Bolaños insistió en que Bruselas no tenía ninguna preocupación sobre la fortaleza del Estado de Derecho en España y la separación de poderes, no obstante, aseguró que el único desasosiego lo produce el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces en España.

"La preocupación por la falta de renovación como consecuencia del bloqueo del Partido Popular (PP) es máxima, porque está afectando no solo a la normalidad institucional en el órgano de gobierno de los jueces, sino también a los ciudadanos en su derecho a la tutela judicial en tiempo razonable", declaró el ministro de Justicia español en la conferencia de prensa del jueves pasado, poniendo el foco de crítica en el principal partido de la oposición.

El CGPJ cumple esta semana cinco años en funciones. En diciembre de 2018, sus 21 miembros debían haber sido renovados por el Congreso de España, después de haber sido nombrados en 2013 por una Cámara Baja donde el conservador Mariano Rajoy, del PP, tenía mayoría absoluta.

Así, aunque la Constitución Española marca una mandato de cinco años, ya son 10 los años que este CGPJ está en vigor. De los 21 miembros que deben componerlo (20 vocales y el presidente), ya solo quedan 16 después de varias bajas, incluida la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, el año pasado, en un gesto que pretendía forzar la renovación del órgano.

Detrás de esta problemática se encuentra una lucha de poder. El CGPJ es el encargado de realizar los nombramientos más importantes del ámbito judicial, de él depende quién cubre las plazas que después tendrán que juzgar causas judiciales de corrupción, en las que están involucrados los partidos políticos.

Internacionalizando la política nacional

La futura ley de amnistía está en el centro de todas las críticas de los partidos de la derecha a Pedro Sánchez. Se trata de una cuestión que se ha convertido en el caballo de batalla para deslegitimar la formación del nuevo Gobierno y los apoyos que recibe de las formaciones nacionalistas.

Uno de los objetivos del PP es hacer de esta una cuestión europea, asegurando que no cumple los estándares del bloque comunitario. Así, el diálogo abierto entre el Gobierno español y el europeo responde a las consultas trasladadas a Bruselas, según sostuvo Reynders en una carta a Bolaños, antes de que se registrara la ley en el Congreso.

El ministro español respondió a esa primera misiva ofreciendo cooperación y defendiendo que se trataba de una propuesta del PSOE, no del Gobierno, y que se remitiría el texto una vez hubiera comenzado el trámite parlamentario.

Protestas en las calles y en el ámbito judicial

Sin embargo, la futura norma encendió numerosas protestas en las calles. Las más multitudinarias han sido las convocadas por el PP, principalmente en Madrid, pero también en el resto de capitales de provincia del país.

A estas se sumaron otras convocadas por organizaciones ultras, con presencia de elementos de ideología fascista, frente a las sedes del PSOE, sobre todo en la capital española, donde durante varias semanas se vivieron cargas policiales y decenas de detenidos por unas movilizaciones que adquirieron tintes violentos.

También el mundo de la judicatura reaccionó con varios comunicados. El más polémico fue justamente emitido por el CGPJ, con la oposición de los vocales progresistas, que manifestó "su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".

Esta declaración motivó a que Sumar, que Gobierna en coalición con los socialistas, presentara una querella acusando a los vocales conservadores del delito de prevaricación.

Este martes, la Junta de Portavoces ha fijado la toma en consideración de la ley para el 12 de diciembre en el Pleno del Congreso, donde comenzará la andadura de esta polémica norma.

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