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Petro remueve a la directora de Defensa Jurídica por diferencias sobre el rol de la oficina

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La salida de Martha Lucía Zamora se produjo tras confrontaciones con la posición de la Cancillería en el manejo de una demanda interpuesta por la compañía que durante 17 años emitió los pasaportes de la nación suramericana.
Petro remueve a la directora de Defensa Jurídica por diferencias sobre el rol de la oficina

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este lunes la destitución de Martha Lucía Zamora de su posición como directora de la oficina de Defensa Jurídica del Estado, al considerar que existen diferencias de fondo en el rol que para cada uno tiene la defensa del poder público.

"En realidad tengo mi distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la Nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana", sostuvo Petro desde Dubái.

El mandatario fue inquirido por los periodistas sobre si la salida de Zamora estaba relacionada con diferencias con el canciller Álvaro Leyva Durán por el manejo de la demanda interpuesta por la compañía Thomas Greg & Sons por presunto incumplimiento del Estado colombiano en un contrato para emitir pasaportes. En su lugar, aseguró que la remoción obedeció a "problemas diferentes antes de que ocurrieran los hechos".

De su parte, la funcionaria aclaró que la renuncia se le había solicitado la tarde del pasado viernes y que entonces se comprometió a presentarla a primera hora de esta jornada. "No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo", advirtió.

Choques entre instituciones

El pasado 24 de octubre, Thomas Greg & Sons radicó ante la Procuraduría General de Colombia una solicitud de conciliación extrajudicial en la que exigía la adjudicación de un contrato para emitir pasaportes o que el Ministerio de Relaciones Exteriores la compensara con 117.000 millones de pesos –poco menos de 29,4 millones de dólares– por ganancias no percibidas y daño reputacional, recoge Caracol.

La polémica estalló este 1 de diciembre, cuando la emisora local W Radio publicó un reporte sobre presuntos maltratos verbales del canciller Álvaro Leyva Durán a Zamora en una sala del Palacio de Nariño, donde aparentemente se encontraban otras personas.

La entonces directora de Defensa Jurídica apoyó esta versión, al acompañar el trabajo periodístico con un comentario en X en el que se lee: "Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado".

Zamora dejó claro que su posición sobre el tratamiento de la causa interpuesta por Thomas Greg & Sons contrastaba abiertamente con la del titular de la Cancillería, al hacerse eco de otro post en el que se avalaba su opinión y se criticaba la del canciller. 

"No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados", afirmó Petro, tras ser preguntado sobre el incidente.

El caso de los pasaportes

Durante 17 años, Thomas Greg & Sons tuvo contrato de exclusividad con la Cancillería colombiana para expedir los pasaportes del país. Empero, el último acuerdo culminó el 2 de octubre de 2023 y aunque se esperaba una renovación automática, ello no sucedió, al tiempo que se hacían públicos señalamientos sobre un eventual favorecimiento hacia la compañía.

En septiembre pasado, Leyva Durán declaró desierto el proceso licitatorio para la emisión de pasaportes y negó un recurso de reposición que pretendía dar continuidad al contrato, que ya había sido prorrogado sin licitación el año precedente.

En vísperas del vencimiento del último acuerdo, su despacho publicó un boletín de prensa en el que se declaraba "el estado de urgencia manifiesta", para no afectar la emisión del documento.

"Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aún en los estados de excepción. Aparte de lo indicado, se pone de presente que el paso institucional que prosigue es la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista, tras haberse declarado desierta la anterior", se lee en otro comunicado suscrito directamente por Leyva Durán, con fecha 1 de octubre de 2023.

Desde Dubái, Petro aseveró a los periodistas que "desde el principio y públicamente" demandó "una investigación penal" en aquellos casos donde las licitaciones contuvieran "cláusulas" que en la práctica decantaban la balanza hacia un solo oferente.

"En mi gobierno no se prefabrican licitaciones. Lo que queremos es que cada vez que haya una licitación, haya competencia y se pueda escoger lo mejor en calidad y en precio. (…) Quiero que el mensaje quede bien entendido: en ningún proceso licitatorio que se haga puede haber un solo proponente. En ese caso, siempre hay que decretar desierta la licitación", recalcó.

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