El Gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, habría hecho caso omiso de las amenazas recibidas por trabajadores de la empresa minera La Poderosa, previo al ataque con explosivos perpetrado el pasado 2 de diciembre en la provincia de Pataz (norte), que dejó diez personas fallecidas.
Pedro Yaranga, un especialista en temas de seguridad, reveló en conversación con el medio local El Expreso que alertó al Consejo de Ministros que lidera el premier Alberto Otárola sobre un atentado que estarían planificando grupos de delincuencia organizada contra la compañía minera, pero el gabinete hizo "oídos sordos" a sus advertencias.
"Como es natural, cuando ya pasó [el atentado] recién empiezan a actuar, entonces es un Gobierno totalmente reactivo. Igual estas alertas no han hecho caso, porque desde hace tiempo se debió tomar en cuenta y formar un equipo especializado [de la Policía] y enviarlo por lo menos para las investigaciones. El Gobierno poco o nada ha hecho al respecto", aseguró.
En su decir, los perpetradores pertenecerían a organizaciones delictivas que a menudo amenazan a los empresarios locales y habrían estado al tanto de sus movimientos, porque ellos mismos los contrataron e incorporaron a los equipos de seguridad de sus negocios.
"Después [de ser contratados] empezaron a hacer algunos asaltos en los caminos, porque allá hay cantidad de tránsito vehicular, pero vieron que eso no era negocio y que el mejor negocio estaba en asaltar parte de la producción de La Poderosa, y a eso se han dedicado luego", detalló.
Minería ilícita
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la Minera la Poderosa, respaldó la tesis de la inacción gubernamental y advirtió sobre el papel que están jugando los grupos de delincuencia organizada en la minería ilegal, recoge La República.
"La minería ilegal tiene recursos ilícitos que superan largamente al narcotráfico. Ese dinero es para comprar voluntades, lograr la impunidad y penetrar el sistema político. De Pataz han salido 2.500 millones de dólares [procedentes] de [la] minería ilegal", consideró.
Respuesta gubernamental
De su parte, el titular del Interior, Víctor Torres, anunció la captura este lunes de siete personas pertenecientes a la banda 'La gota norteña', aparente responsable del ataque contra la mina La Poderosa y el Poder Judicial comunicó que este 5 de diciembre se celebrará la audiencia de prisión preventiva de los presuntos implicados.
En la misma jornada, Otárola declaró a su salida del Consejo de Ministros que "lo sucedido en Pataz requiere un interés especial de los sectores para trabajar a favor de la ciudadanía, la inversión privada y la lucha contra la impunidad", al tiempo que prometió una reunión con la minera La Poderosa para atender la situación tan pronto como fuera posible.
"No contamos con la presidenta"
Por su lado, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, enfiló sus críticas contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro Torres, a los que acusó de no asumir las responsabilidades propias de su cargo relativas a las garantías de seguridad para la población.
"Esto es responsabilidad del Gobierno central, del ministro del Interior, son cómplices por su inercia, por su incapacidad (…) no hay autoridades desde el Gobierno central con políticas claras contra este flagelo: han ingresado bandas criminales terroristas a dañar la imagen que tenía la provincia de Pataz", sostuvo el burgomaestre en referencia al atentado en la mina.
Asimismo, la minera La Poderosa indicó que lo sucedido el pasado sábado no fue "un hecho aislado "sino que forma parte de una espiral de violencia que afecta a todo el Perú, con zonas que están siendo tomadas por la criminalidad con total impunidad" y exhortó al Estado peruano a ofrecer una respuesta "inmediata y firme".