Después de varios meses de debates, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
A lo largo de la sesión, que se prolongó más de seis horas, los representantes debatieron los últimos cinco artículos que hacía falta votar: 42, 122, 123, 128 y 143.
Los primeros en aprobarse fueron los artículos 122 y 123, que le dan facultades especiales al mandatario durante seis meses para dictar normas "con fuerza de ley" que sean acordadas con los "pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del pueblo Rrom" mediante consulta previa para modificar el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural.
Tras ese triunfo, la plenaria dio un revés al Gobierno y eliminó el artículo 128, que le daba otra facultad extraordinaria a Petro para capitalizar a la Nueva EPS, una de las principales gestoras en el proyecto.
Más tarde, los representantes aprobaron rápidamente el artículo 143, que establecía la vigencia de la norma. Y el debate siguió concentrado en el artículo 42, que establecía cómo se elegirían los directores de clínicas y hospitales públicos, y que, al final, se negó.
El proyecto ahora pasará al Senado, donde será discutido el próximo año por la Comisión Séptima, y en caso de ser aprobado, irá a la plenaria.
Qué pretende cambiar la reforma
La reforma a la salud de Petro busca modificar en esencia el sistema de salud que rige en Colombia desde hace 29 años, de forma que se minimice la intermediación de privados y el Estado tenga un mayor control sobre el manejo del dinero y la prestación de la atención sanitaria.
Actualmente, los recursos públicos son administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las que todos los colombianos que trabajen o coticen deben afiliarse y pagar un plan obligatorio. Con el control y manejo de los recursos, las EPS pagan a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS), que brindan atención médica a la población.
En el marco de la reforma, a las EPS se les quitaría el poder de administración del dinero del Estado y solo quedaría el de prestación del servicio de salud. Además, se pretende ampliar el alcance de la atención sanitaria para que sea universal en todo el territorio nacional, donde de momento escasea en zonas rurales.
Uno de los principales temores respecto a este cambio es que el Estado se convierta en el único pagador del sistema de salud y que la prestación de los servicios médicos se parezca al sistema anterior que regía en el país hasta los años 90, cuando el Instituto de Seguro Social era la única entidad que gestionaba el sector. Muchos lo consideraban una máquina de la burocracia que enfrentaba problemas de suministros, operatividad e inestabilidad financiera y era incapaz de atender las necesidades sanitarias de 35 millones de colombianos.