El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este lunes un plan de casi mil millones de reales (unos 202 millones de dólares) destinado a las personas sin hogar.
"No hay nada más degradante para la vida humana que no tener un lugar donde vivir. Un nido. Un lugar para vivir cómodamente. Y sigo pensando en las madres y sus hijos que tienen que vivir en la calle. Si esta situación existe, es culpa del Estado. Y la política lanzada aquí viene a cambiar la vida de estas personas", aseguró Lula durante el evento.
Denominado 'Calles Visibles', el plan se divide en siete ejes: asistencia social y seguridad alimentaria; salud; violencia institucional; ciudadanía, educación y cultura; vivienda; alojamiento; trabajo e ingresos y producción y gestión de datos.
El proyecto fue realizado por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, en coordinación con otras 11 carteras y los gobiernos estatales y municipales, después de una orden del juez Alexandre de Moraes, que en julio respondió a una solicitud de varios partidos y movimientos sociales. El Gobierno tuvo 120 días para elaborar el documento.
"Conectar con políticas sociales"
El ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, afirmó que el plan pretende ubicar a las personas sin hogar dentro de la política presupuestaria del país y que estas acciones alienten a estos ciudadanos a salir de esa condición.
"Es necesario que, además de vivienda, se pongan a disposición de estas personas servicios de salud y educación (...) El plan traza el camino que conectará a las personas sin hogar con las políticas sociales en general", destacó.
En la ceremonia, el presidente brasileño también firmó un decreto que regula la ley Júlio Lancellotti, un conocido sacerdote que trabaja con las personas que se encuentran en la calle, y que pretende terminar con la llamada arquitectura "hostil", que consiste en construcciones que expulsan a las personas sin hogar.
La ley fue aprobada en 2022 en el Congreso y fue vetada por el entonces presidente Jair Bolsonaro, pero la decisión fue luego anulada por el Parlamento. El proyecto de ley surgió tras las denuncias del sacerdote en 2021 durante la pandemia.
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