El presidente de Chile, Gabriel Boric, descartó este lunes aplicar el estado de excepción en algunas zonas donde se ha registrado un aumento del delito, como en la Región Metropolitana de Santiago (RSM).
"Acá no hay una varita mágica, no hay una sola solución", dijo Boric durante la ceremonia de entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), según recoge el portal Biobío.
El mandatario respondió negativamente al pedido emitido por legisladores y alcaldes de la oposición, que solicitaron en las últimas semanas la implementación de la medida, que rige en los distritos de La Araucanía y del Biobío, por reiterados hechos de violencia.
"Cuando algunos dicen hoy día hay algunos que plantean que los estados, como los estados de excepción, como solución inmediata a todos los problemas, la verdad es que las cosas son bastante más complejas y requieren de trabajos interconectados multisectoriales", afirmó Boric.
El Estado de Excepción Constitucional es un mecanismo legal que altera la situación de normalidad y regularidad de los derechos y libertades de las personas garantizadas por la Constitución. Se dicta desde el Ejecutivo ante grave alteración del orden público o por daño o peligro para la seguridad de la Nación, y requiere del aval del Congreso.
Preocupación en las comunas
La semana pasada, alcaldes de diferentes comunas se reunieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para analizar la crisis de seguridad y plantear el pedido de estado de excepción, reportó 24 horas.
Participaron ediles de Padre Hurtado, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Peñalolén, Estación Central, San Miguel (RSM) y Talcahuano (Concepción). El tema se impuso en la agenda después de la violenta muerte de un niño de 5 años en Padre Hurtado, tras recibir disparos en medio de una balacera.
De acuerdo a la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la percepción de inseguridad en el país alcanza el 90,6 %, la tasa más alta registrada en la última década. Además, 21 % de los hogares ha sido víctima de algún delito.
El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante 2022 muestra un incremento de la sensación de inseguridad de más del 3 % respecto a lo analizado en 2021 (86,9 %).