La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema peruana, que la semana pasada ordenó que el proceso judicial por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno del excarcelado Alberto Fujimori (1990-2000) regrese a la etapa inicial.
"Preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y acceso a la justicia de las víctimas", notificó la CIDH en un mensaje publicado este martes en la red social X.
La resolución de la Corte Suprema tiene fecha de 30 de noviembre, casi una semana antes de que Fujimori fuese liberado producto de un indulto avalado por el Tribunal Constitucional (TC) para el expresidente, condenado a 25 años por graves violaciones de los derechos humanos.
"La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres", añadió.
En 2015, el Estado peruano declaró de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas en el período 1995-2001, con base a informes de la Defensoría del Pueblo, que identificó "diversas irregularidades" en la ejecución del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de Fujimori.
Descubrieron la "aplicación compulsiva de ligaduras de trompas de falopio y, en menor medida, de vasectomías dentro de contextos en los que se presentaba la ausencia de garantías para la libre elección de los métodos de planificación familiar, como también la ausencia de seguimiento post-operatorio a las usuarias de las intervenciones quirúrgicas, entre otras, que han tenido especial incidencia sobre la vida, integridad y salud sexual y reproductiva de las mujeres".
Estatus de Fujimori
El viernes pasado, la CIDH se refirió a la reciente excarcelación del exmandatario, considerándolo "en contravención de las obligaciones internacionales del Estado".
En un comunicado, recalcó que Perú "está obligado a acatar las decisiones" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo que en 2022 le requirió "abstenerse" de ejecutar el indulto a Fujimori avalado meses antes por el TC.
Entretanto, el abogado de Fujimori, Elio Riera, manifestó este martes a la emisora local Exitosa que "la Corte IDH no tiene forma de ordenar una recaptura, jurídicamente no se puede".