La mañana de este miércoles, representantes de cooperativas de vivienda se plantaron pacíficamente frente al Palacio de Gobierno de Ecuador para demandar al presidente Daniel Noboa la derogación de un decreto que estipula la liquidación de sus asociaciones, tras haberse cumplido el plazo establecido por las autoridades para protocolizar su registro.
"Lamentablemente, vienen con los liquidadores a las cooperativas a asaltarnos (…). Nos acabamos de enterar que hasta nos sacan el dinero de nuestra cuenta, el dinero que hemos ahorrado con nuestro sacrificio para tener un bien inmueble", declaró una vocera ante Radio Pichincha.
La cooperativista apuntó que si bien es cierto que las asociaciones afectadas tienen funcionando más de cinco años, la demora en su legalización es directamente atribuible a la burocracia estatal y no a la inacción de las cooperativas de vivienda.
"Lamentablemente, esto no depende de los dirigentes ni de los socios: depende de las mismas autoridades, porque para legalizar un barrio se necesita ingresar al municipio, al registro de la propiedad y (…) cosas que se tienen que hacer con las autoridades mismas, no es que se hace de la noche a la mañana", argumentó.
Los cooperativistas de vivienda no protestaron solos. En otro costado del Palacio de Carondelet, trabajadores electorales reclamaban el pago de los servicios que prestaron en las elecciones anticipadas del pasado agosto.
En este caso, funcionarios de la Presidencia escucharon a los manifestantes y propusieron la firma de un acuerdo, que sería entregado a título de exigencia ante el Ministerio de Finanzas, para conseguir los recursos que se necesitan para honrar la deuda.
¿Qué establece la normativa de cooperativas?
En febrero de 2021, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), instancia que controla a las cooperativas en Ecuador, estableció los requisitos y el procedimiento que debían seguir estas organizaciones para adecuar sus estatutos y fijó un plazo de 18 meses para completar los trámites.
El lapso se mantuvo en una modificación publicada por la SEPS en mayo de 2022, pero en noviembre de 2023 se invocó la jurisprudencia para decretar que "las organizaciones y entidades que no adecuaren sus estatutos a las disposiciones correspondientes, estarán prohibidas de ejercer sus actividades y estarán incursas en causal de liquidación y disolución", según se lee en la versión más reciente de la norma.
Las cooperativas de vivienda constituyen desde hace varias décadas un medio preferente para acceder a un inmueble propio entre los ecuatorianos de escasos recursos, y la liquidación, si bien es perfectamente posible, es un trámite voluntario.
Las cooperativas pueden liquidarse voluntariamente ante la SEPS con el visto bueno de las dos terceras partes de sus socios, en decisión tomada en una asamblea en la que concurra el quorum mínimo establecido.
Como causales de liquidación figuran el cumplimiento de su propósito, inactividad comprobable por dos años consecutivos, la reducción del número de socios por debajo del mínimo estipulado legalmente y haberse mantenido en esa condición durante un año consecutivo, la fusión con otra cooperativa, el quebrantamiento de las leyes de la República o la quiebra.
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