El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, exigió este miércoles al actual mandatario, Alejandro Giammattei, que vete la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobada recientemente por el Congreso de ese país, porque la norma contiene "múltiples irregularidades" que afectarán el ejercicio fiscal de 2024.
"El presupuesto aprobado por el Congreso nos afecta como país. Es por ello que envié una carta al presidente Giammattei exponiéndole sus múltiples ilegalidades y solicitándole el veto. Está en sus manos corregir esta traición al pueblo", advirtió Arévalo en la red social X, donde compartió un documento con sus críticas a la normativa.
"Este decreto contiene graves violaciones al marco legal e irregularidades que afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año", señaló Arévalo, quien desde que fue electo ha denunciado que las instituciones que actualmente manejan el Estado guatemalteco, pretenden ejecutar un golpe de Estado y evitar que él asuma funciones como mandatario el próximo 14 de enero de 2024.
Entre las múltiples irregularidades que tendría la ley de presupuesto, dijo Arévalo, está la implementación de una serie de enmiendas para incluir "disposiciones" que afectan "leyes ordinarias" como: la del Organismo Ejecutivo; la Orgánica de Presupuesto; la Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria; la Orgánica del Banco de Guatemala; la de Contrataciones del Estado, entre otras.
El mandatario electo agregó que "varias disposiciones" del mencionado decreto, "menoscaban la autoridad, competencia y rectoría que los ministros tienen en toda la República para los asuntos propios de su rama", es decir, que limitan sus labores como representantes del Ejecutivo.
Además, criticó que los congresistas establecen en la ley, "una serie de normas sin justificación técnica sobre obras y servicios" que debe atender el Ejecutivo, así como también varias "prohibiciones", que "de ninguna manera responden a la planificación institucional ni guardan concordancia con los planes operativos anuales, multianuales o planes estratégicos" que debe ejecutar un Gobierno.
"Inducen a la corrupción"
"Las normas impuestas constituyen un abuso de la facultad legislativa para modificar el presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo", señala Arévalo, quien además, advierte a Giammattei que las disposiciones atentan contra las tareas que debe cumplir el Ministerio de Finanzas Públicas, como, por ejemplo, la función de "programar, negociar, registrar, controlar y administrar el endeudamiento público".
Arévalo añadió que varias de las disposiciones de pago introducidas en esa ley de presupuesto del Congreso, obligan al Ejecutivo a pagar una "deuda pública ilícita", que incluye "asignaciones cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción".
Entre ellas, detalló el próximo jefe de Estado de Guatemala, se priorizan gastos e inversiones "cuestionables" que han sido asignados a "un número sin precedentes de organizaciones no gubernamentales", por montos que superan los 5.000 millones de quetzales, unos 640 millones de dólares comprometidos a entregar a instancias privadas que fueron "seleccionadas sin criterios claros" ni transparentes.
De estas organizaciones, dijo Arévalo, "se ha demostrado que una buena cantidad, no cuentan con experiencia, son desconocidas o tienen evidentes nexos con actores políticos". Además, los proyectos de inversión que desarrollarían esas entidades, no ha sido planificados y no cuentan con la debida justificación técnica.
"Reducción arbitraria de las inversiones sociales"
Entre tanto, Arévalo denunció que los congresistas aprobaron una ley que impone una "reducción arbitraria de las inversiones sociales", que tiene además, un impacto negativo en el bienestar social y en el crecimiento económico.
"Se prioriza el gasto público a favor de organizaciones no gubernamentales y proyectos de inversión cuestionables y opacos", dijo el presidente electo, quien indicó que en paralelo, los legisladores aprueban la reducción del presupuesto de los ministerios de Salud y Asistencia Social; Educación; Desarrollo Social y Gobernación, esenciales para el desarrollo y crecimiento del país.
De igual forma, Arévalo denunció que la ley de presupuesto de 2024 representa una "amenaza" para el pago oportuno de deuda pública y el financiamiento de la inversión pública, lo que generará una "significativa afectación de la calificación de riesgo país".
Esa perspectiva, agregó, deteriora el clima de negocios e inversiones para Guatemala, lo que traerá al país "consecuencias negativas en la estabilidad macroeconómica", impactaría negativamente en la generación de empleos y provocaría un impacto negativo al ámbito social y productivo del país.
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