En adelante, la vicepresidenta, los ministros, directores de organismos autónomos y miembros de la fuerza pública de Colombia tendrán la obligación de respaldar y reconocer "la labor de defensa de los derechos humanos" en el país, de conformidad con lo estipulado en una directiva firmada este viernes por el presidente Gustavo Petro.
En el documento, difundido parcialmente por medios locales, se argumenta que "reconocer públicamente la labor de las personas defensoras de derechos humanos es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, la protección de la dignidad humana y el progreso de la sociedad".
Del mismo modo, se llama a recordar que tal labor "contribuye al cumplimiento del deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas y brindar apoyo a las víctimas y personas en situación de vulnerabilidad".
Las entidades de los distintos niveles de Gobierno deberán "garantizar el desarrollo de acciones para contribuir a superar la estigmatización" de la labor de los líderes sociales, contemplando para ello un "enfoque de género, feminista, étnico, territorial y de interseccionalidad".
A estos efectos –y en la medida que sus posibilidades presupuestarias lo permitan–, tendrán que "realizar acciones de coordinación interinstitucional" que garanticen la ejecución de programas en los que se reconozcan los aportes de los defensores de derechos humanos.
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