El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha ordenado a Patrimonio Nacional paralizar las exhumaciones que se están llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros, antiguamente conocido como el Valle de los Caídos, el monumento funerario levantado por el dictador Francisco Franco.
El monumento, que alberga los restos mortales de alrededor de 33.000 personas, es considerado como la mayor fosa común de España. La justicia admite así la medida cautelarísima solicitada por la nieta de una de las mujeres enterradas en ese lugar, a través de su representación legal, la Fundación Española de Abogados Cristianos.
El tribunal da tres días a Patrimonio Nacional para que aporte las alegaciones que estime convenientes antes de tomar una decisión sobre el mantenimiento o levantamiento de la medida adoptada.
Los trabajos de exhumación se iniciaron el pasado mes de junio, con el objetivo de extraer a víctimas de la Guerra Civil Española y de la represión del régimen franquista, para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.
Abogados Cristianos alega que se trata de un ataque a la libertad religiosa porque "se están removiendo cadáveres sin autorización de sus familiares", mientras que su presidenta, Polonia Castellanos, afirma que se trata "de un nuevo ataque del Gobierno de [Pedro] Sánchez" y que "lo único que pretende el Gobierno es dañar la Basílica".