La justicia de Argentina abrió una investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por su aparente responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que perpetraran las Fuerzas Armadas de Colombia entre los años 2002 y 2008 contra civiles a los que se acusó falsamente de pertenecer a grupos guerrilleros.
De acuerdo con reseñas de medios locales, que citan extractos de los documentos judiciales, la causa la inició el fiscal nacional Carlos Stornelli, quien se hizo eco de las denuncias presentadas en su despacho por Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo, familiares de algunas de las 6.112 víctimas de crímenes de lesa humanidad en los casos conocidos como 'falsos positivos'.
La demanda precisa que "entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008", Uribe "habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran" delitos contra la humanidad "en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dado en un contexto de conflicto armado".
Principio de jurisdicción universal
Puesto que se trata de crímenes cometidos en otro país, Stornelli inscribió su demanda "en el principio de jurisdicción universal", dado que el Ejército colombiano presentó las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas "como falsas bajas producidas en combate" contra insurgencias de izquierda.
De conformidad con ese principio jurídico, "los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos, y aunque no medie punto de contacto tampoco en razón de la nacionalidad de las víctimas o de los responsables, ni de ningún otro tipo, con el Estado que asuma tal jurisdicción", justificó el fiscal, citado por la prensa local.
Exhortos
En adenda, la instancia solicitó al juez a cargo del caso, Sebastián Ramos, liberar una serie de exhortos en el marco de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual tanto Argentina como Colombia son signatarios.
Los demandantes aspiran a que el togado solicite a la Presidencia de la República de Colombia, con la intercesión del Gobierno argentino, el envío al juzgado de "comunicaciones que se hicieron entre 2002 y 2010 acerca de conductas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate".