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Fiscalía de EE.UU. llega a un acuerdo con empresa de pornografía con presuntos vínculos en tráfico sexual
Según lo convenido, los fiscales desestimarán dentro de tres años su acusación penal contra Aylo si la empresa mejora sus protocolos de cumplimento de la normativa.
La empresa canadiense Aylo Holdings, propietaria y operadora de páginas de entretenimiento en línea para adultos, entre ellas PornHub, llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE.UU. por sus vínculos con una presunta operación de tráfico sexual, recoge Reuters al citar registros oficiales.
Según esos registros, los abogados de la compañía tenían previsto comparecer este jueves ante un juez federal, en el condado estadounidense de Brooklyn, para una revisión del acuerdo propuesto.
Los fiscales federales aseguran que las plataformas de Aylo, entre las que también se encuentran Brazzers, RedTube y YouPorn, alojaban contenidos de los sitios web de pornografía GirlsDoPorn (GDP) y GirlsDoToys (GDT), cuyos creadores y operadores fueron acusados y algunos incluso condenados en 2019 en el estado de California por engañar y coaccionar a mujeres jóvenes para hacerlas aparecer en videos sexuales.
Asimismo, la parte acusadora afirma que la compañía canadiense tenía conocimiento de que las ganancias que obtenían sus sitios web con el contenido de GDP y GDT provenían de actividades ilegales.
En un comunicado publicado por Aylo el mes pasado, en el que anunciaba el acuerdo de procesamiento diferido, la empresa dijo lamentar "profundamente que sus plataformas hayan albergado contenidos producidos por GDP y GDT", añadiendo que haría una cantidad no especificada de "pagos monetarios" a las víctimas.
De igual manera, Aylo aseguró que GDP le presentó supuestos formularios de consentimiento firmados por las mujeres que aparecían las producciones, de los cuales se probó luego que fueron obtenidos mediante "fraude y coacción".
En virtud del acuerdo, los fiscales desestimarán al cabo de tres años su acusación penal contra Aylo por participar en transacciones monetarias derivadas de actividades ilícitas, siempre que la empresa mejore sus protocolos de cumplimento de la normativa y se proteja contra la difusión de contenidos ilegales en todas sus plataformas en línea.
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