Gobierno de Perú niega haber incurrido en desacato con la liberación de Alberto Fujimori
El gobierno peruano negó este viernes que haya entrado en desacato con la liberación del expresidente Alberto Fujimori, como dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El órgano judicial declaró el desacato "debido a que [el Estado] ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituyó los efectos al indulto 'por razones humanitarias' otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte IDH había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".
El tribunal internacional había ordenado la no excarcelación de Fujimori, como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.
Respecto a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 19 de diciembre de 2023, sobre supervisión de sentencia del caso de Barrios Altos y caso La Cantuta vs. Perú, el Gobierno peruano manifiesta a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/etClPIqHwz
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) December 22, 2023
"Las sentencias han sido ejecutadas"
"No ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte", dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski firmó el indulto a Fujimori en diciembre de 2017. Pero, en su resolución publicada el jueves, la Corte IDH recordó que había ordenado no implementarlo porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".
El gobierno peruano se comprometió, como ordenó la Corte IDH, a presentar cada tres meses el informe de cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ambas perpetradas durante el mandato de Fujimori (1990-2000).