Piqueteros tachan de "poco serio" el plan del Gobierno de Milei para hacerles pagar los gastos de su marcha
El plan del Gobierno argentino de cobrar a los movimientos sociales los gastos generados por la marcha piquetera del miércoles pasado es "poco serio", declaró a Todo Noticias el líder de la organización social y piquetera Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Según TN, el asunto ya escaló a una causa en la Justicia. "Por supuesto que el tema ya está en manos de nuestros abogados, pero es absurdo todo", dijo el dirigente gremial. "El servicio de seguridad, como la salud y la educación, todos lo pagamos con nuestro impuestos. ¿Van a cobrar también la procesión a Luján? ¿Van a cobrar la movilización por Riquelme? ¿O se les cobra solo a los morochos y pobres", cuestionó.
Según Belliboni, también "se imputa a organizaciones que no estuvieron allí". "¿No saben leer? ¿No se tomaron el trabajo de leer los comunicados?", preguntó. "No es serio nada de eso. Habría que cobrarles a los funcionarios del Gobierno el costo del proceso judicial que ponen en marcha", concluyó.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el viernes que el Gobierno buscará que los movimientos sociales de izquierda paguen el costo del operativo de seguridad implementado durante las protestas.
"Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos [unos 74.500 dólares] y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales de acuerdo al protocolo de orden público", afirmó.
Protestas, cacerolazos y marchas
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el miércoles su decreto de necesidad y urgencia (DNU) destinado a desregular la economía como parte de su programa de ajuste. Las nuevas medidas incluyen la restricción del derecho de huelga, el recorte de las indemnizaciones por despido y la privatización de empresas públicas, entre otras cosas.
El decreto de Milei recibió duras críticas por ser considerado "inconstitucional" y despertó una ola de protestas, que incluyó cacerolazos, marchas, repudio de múltiples colectivos, rechazo de la oposición y algunos aliados, y la posibilidad de un paro general que está siendo analizado por las centrales sindicales.
La marcha del miércoles fue el primer desafío al protocolo 'antipiquetes' anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el que pretende "liberar las calles" de las manifestaciones. La movilización se desarrolló en medio de un inusual operativo en el que participaron las cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).