La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a los intendentes (alcaldes) de 500 municipios, introdujo este jueves ante la Justicia un "recurso de amparo con el pedido de una [medida] cautelar", para evitar la entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), presentado la semana previa por el presidente, Javier Milei.
"Intendentes de toda la Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y desde Mendoza hasta la Mesopotamia, decidimos presentar este recurso de amparo para frenar el DNU que llevó adelante el presidente Milei", anunció el titular de la FAM, Fernando Espinoza, en conversación con la cadena local C5N.
El político argumentó que el 'megadecreto' es "totalmente inconstitucional" porque "deroga más de 300 leyes de un plumazo" y "avasalla los derechos" que a la ciudadanía le tomó un siglo conquistar, al tiempo que "favorece a grandes grupos económicos y perjudica al 90 % de los argentinos".
Malestar creciente
Espinoza sostuvo que la acción responde a las solicitudes de acción formuladas por "los vecinos" ante la FAM. "Vamos a cuidar a nuestros vecinos, abuelos, empresarios, comerciantes y trabajadores, y llevar adelante el legado de esa Argentina que sueñan y que nosotros, como primer escalón de la democracia, vamos a defender a rajatabla", indicó.
"Esperamos que la Justicia dé lugar a frenar este DNU, que se generen todas las discusiones y debates en el Congreso de la Nación y que nuestros diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias con el legado que la gente nos dio", redondeó Espinoza.
La medida se suma a otros petitorios de inconstitucionalidad, a una ola de protestas en las principales ciudades del país suramericano y a la convocatoria a una huelga general para el venidero 24 de enero, adelantados por organizaciones sindicales y ciudadanos comunes que se oponen a las medidas comunicadas por el Ejecutivo.
Esta semana, Milei envió al Congreso la llamada 'ley ómnibus', que contiene propuestas para modificar estructuralmente la legislación vigente en materias tan dispares como tributos, elecciones, seguridad, trabajo o derechos reproductivos, hasta ahora potestad del Legislativo, al tiempo que otorga al mandatario la posibilidad de gobernar por decreto.
Empero, mientras que si bien el DNU no puede ser modificado y solo requiere de la aprobación de una de las cámaras en el Parlamento para entrar en vigencia, el paquete de leyes debe ser discutido en distintas subcomisiones temáticas, que podrán alterar su contenido y someter a votación en el pleno solo una parte del texto.
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