El sector de biocombustibles en Argentina cuestionó el paquete de proyectos de ley enviado al Congreso por el Gobierno de Javier Milei la semana pasada, y alertaron que en caso de que se aprueben los cambios propuestos habría un "colapso" para las empresas.
El Centro Azucarero Argentino (CAA) y la Cámara de Bioetanol de Maíz (CBM) expresaron en un comunicado su preocupación por las modificaciones a la ley que podrían afectar la industria de biocombustibles.
"En lo relacionado a Bioetanol, el proyecto de ley del Ejecutivo presenta numerosos inconvenientes por lo que queremos abrir el debate con ejes que incluyan más valor agregado federal, más sustentabilidad, y más desarrollo en un marco de mayor competencia y desregulación de la actividad", dice el texto.
Las cámaras indicaron también la importancia de "respetar todas las condiciones actuales de producción y comercialización para aquellos que invirtieron bajo el actual régimen, garantizando la plena seguridad jurídica de las empresas, una condición 'sine qua non' (sin la cual no) para el desarrollo de cualquier país".
Según informó Ámbito Financiero, los directivos del sector se reunieron la semana pasada con funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación, y fue luego de ese encuentro que elaboraron el comunicado en el que señalan que el camino que eligieron las autoridades nacionales "presenta numerosos inconvenientes", por lo que convocaron a que se abra un debate para incluir más valor agregado federal, más sustentabilidad y desarrollo con más competencia en el sector.
Los cambios que propone el Gobierno
La ley vigente establece que se reserva para las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales la provisión del 12 % del bioetanol que se produce con derivados de caña de azúcar y maíz, y del 7,5 % de biodiésel en base a aceite de soja.
La propuesta del Gobierno de Milei es que las pymes ya no tengan la exclusividad para abastecer al mercado interno, lo que las llevaría a competir con las grandes agroexportadoras de aceite y biocombustibles, habilitando también la importación libre del producto.
Además, se busca eliminar la regulación del Estado en el precio de compra de materia prima de origen vegetal (maíz, soja y caña) para hacer la mezcla con los combustibles fósiles. Esto significa que las petroleras podrán negociar los valores de compra directamente con los elaboradores sin intermediación del Estado.
Por eso, las cámaras señalaron en el comunicado que la ley ómnibus, que deberá debatir el Congreso, "manda a la quiebra a las pymes productoras".
"Si esto sucede será un golpe durísimo para las pymes que están protegidas por la ley actual, justo en un momento de expansión. Es imposible competir con los tanques, con las empresas de otros países que tiene apoyo del Estado, como sucede en EE.UU. que es el primer productor y exportador de alcohol de maíz del mundo", dijo una fuente de las cámaras a Ámbito.
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